Europa aprueba las nuevas normas que exigirán a las ‘apps’ de Uber o Airbnb recaudar el IVA

• Alicia Bonilla
• Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
• • 12/02/2025 14:35
  • Actualizado: 12/02/2025 14:35

El pleno del Parlamento Europeo ha dado el visto bueno este miércoles, 12 de febrero, a las nuevas normas que exigirán a los operadores de plataformas en los sectores del transporte de pasajeros y de alojamientos turísticos de corta duración, como Uber o Airbnb, entre otras, sean responsables de recaudar y remitir el IVA a las autoridades fiscales cuando los proveedores de servicios no lo hagan para evitar una ventaja injusta respecto a taxis y hoteles. En concreto, los eurodiputados han aprobado con 589 votos a favor, 42 en contra y 10 abstenciones los cambios en las normas que los Estados miembro introdujeron en la directiva en su reunión del pasado noviembre, bajo la presidencia húngara del Consejo, y que incluía cambios para reducir la carga administrativa que supone el reglamento para las pequeñas y medianas empresas (PYME) para salvar las reticencias de Estonia, ya que la aprobación del reglamento requería la unanimidad de los Veintisiete.

Esta norma cuenta con un periodo de transición para compañías como Uber y Airbnb que retrasa la aplicación del reglamento, que será voluntario a partir del 1 de julio de 2028 y obligatorio a partir del 1 de enero de 2030, lo que aplaza en cinco años la propuesta original de la Comisión Europea.

Por otro lado, la delegación española incluyó una declaración en la que apoyaba el planteamiento general reflejado en la propuesta en relación con el modelo de plataformas digitales, manifestó su intención de aplicarlo antes de 2028, como medida de simplificación en la recaudación del IVA y como forma de mejorar la lucha contra el fraude.

Exigir el IVA a Uber y Airbnb

Según las normas actuales del IVA, son los proveedores subyacentes de servicios -por ejemplo, la persona que alquila su apartamento-, y no Airbnb, los que están obligados a recaudar y remitir el IVA a Hacienda, pero muchos de ellos, ya sean particulares o pequeñas empresas, desconocen que pueden estar sujetos al IVA por los servicios que ofrecen e incluso cuando son conscientes, puede resultarles difícil familiarizarse con el sistema del IVA y cumplir con sus obligaciones al respecto.

Así, esta reforma pretende eliminar la desigualdad actual en materia de IVA que sufren los operadores tradicionales de estos sectores y, según las estimaciones de Bruselas, este cambio puede reportar a los Estados miembro hasta 6.600 millones de euros al año en ingresos adicionales en los próximos diez años y hasta 48 millones al año a las propias plataformas durante el mismo período de 10 años.

Ahora que el Parlamento Europeo ha dado su visto bueno a los últimos cambios de las capitales tras dos años de negociaciones, el reglamento será adoptado formalmente por el Consejo antes de publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor.

Impulsar la factura electrónica

Como parte del mismo paquete, se pretende también dar un impulso a la factura electrónica en las operaciones transfronterizas para ayudar a reducir el fraude del IVA hasta el 11.000 millones de euros al año y disminuir los costes administrativos y de cumplimiento para los comerciantes de la UE en más de 4.100 millones anuales durante los próximos diez años.

Esta norma viene a modernizar el actual sistema de IVA de la UE para el comercio intracomunitario, que con casi 30 años y, pese a algunas mejoras recientes, no ha seguido el ritmo de los avances tecnológicos, la economía digital, los cambios en los modelos empresariales o la globalización.

El tercer pilar de este paquete es un modelo de «ventanilla única» para permitir a las empresas que venden a consumidores de otro Estado miembro registrarse una sola vez a efectos del IVA para toda la UE, y cumplir sus obligaciones fiscales a través de un único portal en línea en una única lengua, una medida que podría ahorrar a las empresas unos 8.700 millones de euros en costes administrativos y de registro en la próxima década.