Europa abre expediente a España por no cumplir con la directiva de blanqueo de capitales

La Comisión Europea (CE) ha abierto expediente a España por retrasarse a la hora de implementar las modificaciones de la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales y por haber adaptado, de manera incompleta, la aplicación de otras medidas introducidas por el reglamento sobre transferencia de fondos.

El Gobierno tiene un plazo de dos meses para responder a esta carta de emplazamiento pero, si la Comisión considera que sus explicaciones son insuficientes podrá decidir elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Comisión también ha abierto expediente a Bélgica, Polonia y Portugal por no haber transpuesto a tiempo las modificaciones de la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales introducidas por el Reglamento sobre transferencia de fondos y por no haber notificado a Bruselas las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del reglamento.

Esta normativa sobre transferencia de fondos sustituye y amplía el ámbito de aplicación del anterior reglamento sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos y modifica la directiva contra el blanqueo de capitales. El objetivo de esta reforma es introducir nuevos requisitos para prevenir el blanqueo de capitales a través del uso indebido de criptoactivos.

El expediente de la CE a España

La Comisión ha abierto un expediente de infracción a España por los poderes discrecionales que da la legislación nacional al Gobierno de Pedro Sánchez para frenar operaciones como la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre el Banco Sabadell, al considerar que su alcance permite actuar más allá del interés general. Bruselas ha dado dos meses al Ejecutivo socialista para responder a todos los problemas que plantea.

Las cuestiones que plantea Bruselas a España van desde la consideración de que la transposición de dos leyes europeas necesita un cambio profundo hasta las dudas sobre si la intervención del Gobierno de Sánchez en la operación responde a un verdadero motivo de interés general.

El envío de esta carta supone el primer paso en un proceso sancionador que abre un periodo de diálogo entre Bruselas y Madrid con el fin de resolver las discrepancias existentes. Si no se llega a un acuerdo, la Comisión Europea podrá llevar el caso ante el mismo TJUE.

En cualquier caso, el hecho de que la CE haya abierto expediente a España no tendrá consecuencias prácticas sobre la operación de BBVA para adquirir el Banco Sabadell, ya que la preocupación de la Comisión Europea se centra en la falta de alineación de la legislación española con el Derecho comunitario.