La Audiencia Nacional asume la investigación de la mayor estafa piramidal con criptomonedas

La Audiencia Nacional juzgará finalmente la mayor estafa piramidal de criptomonedas. El juez José Luis Calama ha asumido esta investigación, según un auto conocido este miércoles, en el que acepta la inhibición de un magistrado de Arona (Tenerife). La estafa, a través de la empresa Arbistar 2.0, alcanza un perjuicio económico de 41 millones de euros pero podría ascender hasta los 100 millones.

Calama considera que los investigados, dirigidos por Santiago Fuentes Jover, podrían haber incurrido en presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil. Fuentes Jover es administrador único y cuyo objeto social es «el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas».

Los acusados habrían urdido presuntamente una trama defraudatoria en dicho mercado, prometiendo a los inversores rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, pagándoles semanalmente -siempre los sábados- y dándoles la opción de sumarlo a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso.

Sin embargo, lo que los investigados hicieron presuntamente «fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos», indica el auto.

Esta maniobra «generaba gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor», relata.

El esquema piramidal -señala el magistrado- también se usaba para atraer a nuevas personas que invirtieran dinero al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores.

‘Plan Amigo’

Para ello se les ofertaba un ‘plan amigo’ a partir del cual si los inversores conseguían incluir nuevos clientes tendrían una compensación. La empresa, a partir de programas de ‘marketing’, consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial. Pero, a partir de agosto de 2020, varios clientes solicitaron la retirada de sus fondos sin que su solicitud fuera atendida.

El auto considera que la cifra de perjudicados en la causa -unos 1.127 ya determinados, pero podrían superar los 32.000 a la vista de las cuentas afectadas-, su distribución por todo el territorio nacional, y el perjuicio patrimonial producido -cercano a los 41,9 millones aunque puede superar los 100 millones-, lo convierten en una causa a investigar por la Audiencia Nacional «sin ambages». «Tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda», señala.