España a la cola de Europa en vivienda de protección oficial: Sánchez entrega 350 de 183.000 prometidas
A partir de 2013 las cifras se empezaron a caer y en 2022 sólo el 10% era vivienda de protección oficial
España se encuentra una vez más por detrás de Europa con respecto a la disponibilidad de viviendas asequibles y de protección oficial. El motivo es que la vivienda de protección oficial alcanzó su máxima producción en el año 1985 con un 64% sobre el total de viviendas terminadas, pero a partir de 2013 las cifras se empezaron a caer y en 2022 sólo el 10% era vivienda de protección oficial. Entendiéndose las cifras como vivienda promovida por el Gobierno.
Como resultado de estas cifras, España se encuentra a la cola de Europa y apenas dedica un 2,5% de su stock de vivienda a protección oficial o vivienda asequible.
El 25 de abril de 2023, en plena campaña electoral, Pedro Sánchez prometió 183.000 viviendas públicas. Más de un año después, según el Ministerio de Vivienda, se han movilizado 71.620 y de esas se han firmado 47.209 y se han entregado 350, es decir, según sus propios datos, menos de cuatro de cada diez están en fase de desarrollo. Faltan, por tanto, más de 115.000, de las que ya se ha movilizado la mayoría, pero aún no han comenzado ni a construirse.
1,2 millones de viviendas asequibles
Para igualarse con Europa, España necesita promover 1,2 millones de viviendas en alquiler asequible hasta 2030, pero a la incapacidad de aumentar el ritmo de construcción se suma la progresiva retirada de viviendas tanto por efecto de los cambios legales como por falta de seguridad jurídica, según indica el informe Mercado Inmobiliario en España, de OBS Business School.
«Existe en los Gobiernos una tendencia a confundir colaboración con intervencionismo y a establecer sistemas de control de precios que llevan a la reducción de la oferta con efectos perniciosos en el largo plazo», asegura Carlos Balado, director de este informe.
Posibles soluciones
Para atajar este problema se hacen necesarias soluciones parciales temporales como deducciones al alquiler para determinados colectivos, incentivos al ahorro destinado a la compra, modificaciones de las regulaciones que impiden la salida al mercado de viviendas de alquiler y el fomento desde el Gobierno de la construcción destinada a alquiler social.
Como indica Carlos Balado, director de este informe: «La inversión para poder desarrollar suelo debería ser anticíclica, mediante una política soportada y avalada por la administración estatal y las autonómicas que permita desarrollar bolsas de suelo para que cada cierto tiempo haya un remanente de suelo en gestión y en transformación».
Sector público vs sector privado
La inversión prevista para acometer nuevos desarrollos para alquiler asequible se sitúa en 108.000 millones de euros (142.000 euros por vivienda), de los que el 76% proviene de la inversión privada y sólo un 24% del sector público.
Por CCAA
Asimismo, Cataluña requiere la construcción de 225.000 viviendas para alquiler asequible en los próximos diez años, con un coste de 1.010 millones de euros. La Comunidad de Madrid necesita 174.000 nuevas viviendas para las que requiere una inversión pública de 5.418 millones de euros. Andalucía precisa 85.000 nuevas viviendas de alquiler asequible con una inversión de 4.529 millones. Y la Comunidad Valenciana necesita 85.000 y una inversión de 3.245 millones. Por detrás de ellas se encuentra Canarias, que precisa 46.000 viviendas y una inversión de 2.486 millones.
Desequilibrio entre oferta y demanda
En la última década, se ha evidenciado el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda en España, una tendencia que podría intensificarse en los próximos 20 años de mantenerse los actuales niveles de construcción de vivienda nueva.
En concreto, la vivienda nueva se encuentra entre las 80.000 y 100.000 unidades al año, insuficientes para cubrir la proyección de nuevos hogares, que está en torno a las 200.000 familias de media cada año.
Según indica el informe de OBS Business School, aumentar la oferta hasta unos niveles razonables puede llevar entre 10 y 20 años, pues habría que multiplicar por cuatro el ritmo actual de construcción. Sin embargo, los pequeños promotores se encuentran con obstáculos como la financiación más cara, la escasez de suelo en las grandes ciudades, una falta de mano de obra cualificada y una subida generalizada del precio de los materiales.
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