La escalada de combustibles que el Gobierno ignora iguala en meses el impacto de la pandemia y la guerra de Ucrania

Los precios de los combustibles y, en consecuencia, de los materiales de construcción derivados del petróleo, han subido un 50% entre enero y abril de 2026 respecto al mismo periodo del 2025 por el conflicto en Irán. De hecho, ambos productos se han encarecido sólo en cuatro meses tanto como durante los dos años de espiral inflacionista resultante de la pandemia y la guerra de Ucrania.

Según un estudio de la Asociación de las Empresas Constructoras no cotizadas (ANCI), el sector de la obra pública ya «se está viendo afectado» a través del mercado energético, la logística marítima y las presiones inflacionistas:

«Afronta una situación similar a la generada tras el Covid y la guerra de Ucrania, que supuso entonces un severo riesgo a la viabilidad de las obras en ejecución», apuntan desde la agrupación.

En este sentido, ANCI reclama medidas urgentes y excepcionales ante la «actual coyuntura inflacionista global» y recalca la «necesidad de mecanismos ágiles y automáticos de actualización y revisión de precios en los contratos con componente de obra».

Se disparan los derivados del petróleo

Sólo entre enero y abril se produjo un incremento del 52% en los precios de los materiales bituminosos y del 47% en los de la energía (combustibles) frente al mismo periodo del año pasado, así como de un 14% en el acero corrugado, con base en los Índices del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) y de la Cámara de Comercio de España.

Además, estas subidas están suponiendo «importantes sobrecostes» en las obras en ejecución, especialmente en las relacionadas con renovación o rehabilitación de firmes y aquellas con un alto peso de la energía, apunta.

Utilizando los índices del IVE, recoge unos sobrecostes medios en las obras de carreteras del 15%, que alcanzan el 25-30% en las de rehabilitación de firmes.

En ese sentido, avisa del «elevado riesgo de ruptura del equilibrio económico» de las obras adjudicadas con precios anteriores a febrero de 2026, ya que estas obras de rehabilitación de firmes no tienen revisión de precios por su corta duración.

Estos sobrecostes de 2026 se añaden a los acumulados -entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación- en ciertos contratos adjudicados antes de 2021, que están siendo soportados por los contratistas por la limitación del 20% de la revisión excepcional.

El Gobierno ignora la problemática

Con todo este contexto, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente ya acumula una deuda con los transportistas por las bonificaciones al combustible no pagadas de 700 millones de euros. Concretamente, según apuntan desde Plataforma Nacional, la deuda media por camión ya alcanza a los 2.400 euros.

Todo ello porque la ayuda de 20 céntimos por litro aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de marzo supone una media de 800 euros al mes por camión. Una ayuda que todavía no se ha abonado a los trabajadores.

Actualmente, según las cifras aportadas por el propio Ministerio, España cuenta con 268.000 camiones de transporte público pesado. De esta manera la deuda acumulada sólo con estos profesionales de marzo a mayo ascendería ya a 643 millones de euros.

En una carta dirigida al ministro Óscar Puente los portavoces de los camioneros subrayan «la dejadez continua», que demuestra el dirigente hacia los transportistas. Una dejadez en mitad de una de las mayores escaladas del precio de los combustibles de la historia de España.