Los empresarios catalanes ven «confiscatorio» el impuesto que Sánchez quiere imponer a Madrid

El Gobierno insiste en subir los impuestos, saltándose la autonomía fiscal, en la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez pretende, como han detallado sus ministros y él mismo en más de una ocasión -y como da luz verde el pacto reciente con ERC- «armonizar» tributos como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones, lo que se convertirá en el fondo en un hachazo fiscal a los madrileños. El problema es que hay muchas dudas sobre la constitucionalidad del Impuesto sobre Patrimonio sea constitucional. Y no son precisamente los empresarios madrileños los que lo advierten.

La patronal catalana Foment del Treball pedirá, por ejemplo, al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra este tributo, por considerar que se trata de una tasa «injusta» y que se ha convertido en «confiscatoria». Es decir, que no es que Madrid esté haciendo «dumping fiscal» sino que es Cataluña y las comunidades que mantienen este tributo sin bonificar las que sostienen un impuesto injusto, según la advertencia que han puesto sobre la mesa los empresarios de Cataluña.

En concreto, el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado que ha tomado esta decisión tras ver el tratamiento que este impuesto recibe en los Presupuestos del Estado para 2021 y constatar, a su juicio, su carácter «confiscatorio» y la voluntad del Gobierno de convertirlo en «permanente».

Sánchez Llibre ha explicado que la junta directiva de su patronal ha adoptado este mismo jueves la decisión de llevar al Defensor del Pueblo la petición de recurrir al Tribunal Constitucional y que ha hablado ya con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, para pedirle su apoyo.

«Es una injusticia total. El impuesto de patrimonio era transitorio y ahora pasa a ser definitivo. Foment no se quedará de brazos cruzados y presentaremos a través del Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad para que pueda desaparecer de la fiscalidad española», ha dicho en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum.

Foment considera que el incremento del 3,5% que ha registrado este impuesto lo convierte en «confiscatorio», además de denunciar que se trata de una tasa que «grava los rendimientos del ahorro que ya se han pagado a través del IRPF».

La organización patronal, que denuncia que España es el único país que cuenta con un impuesto de estas características, presentará su petición ante el Defensor del Pueblo una vez se hayan aprobado definitivamente los Presupuestos del 2021.

La denuncia de Fernández-Lasquetty

Se avecina una batalla legal por la invasión de las competencias autonómicas y las subidas de impuestos, ya que el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, también mandó una dura carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladarle el «profundo malestar que ha generado en la Comunidad de Madrid el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la Nación y el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para crear una ‘comisión bilateral’ con expreso objetivo de invadir deslealmente la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid». Advertía: quieren imponer «subidas de impuestos sin nuestro consentimiento».

«Nos opondremos por todas las vías políticas y jurídicas a nuestro alcance, a sabiendas de que la medida propuesta es injusta, ilegal, inconstitucional y perjudica no sólo a los madrileños sino al conjunto de la Nación Española», remarcaba la carta, en la que se alertaba de que se intenta justificar una «invasión competencial» sobre la base de un imaginario «dumping fiscal» que, según la Comunidad de Madrid y como han corroborado en los últimos días numerosos fiscalistas, no existe.

Fernández-Lasquetty no ahorraba adjetivos: hablaba de un «desprecio flagrante a los madrileños», que «no tiene precedentes» ni cabida en el «orden constitucional». «Prefiero advertirle desde este momento de que, si avanza por esa vía, presentaríamos un requerimiento de incompetencia ante el Tribunal Constitucional». ¿El argumento jurídico que utilizarán? Se basará la Comunidad de Madrid en el artículo 161,1 c) de la Carta Magna y en el artículo 60 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1979 del TC. «No podemos admitir que los impuestos que vayan a pagar los madrileños se decidan en otro lugar que no sea la Asamblea de Madrid», remacha el consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

E insistía: «Lo que ustedes han declarado públicamente constituiría una inaceptable e inconstitucional abolición de la capacidad normativa de la Comunidad de Madrid para desarrollar la política fiscal que considera más conveniente y beneficiosa para los intereses de los madrileños», avisa la misiva, en la que recuerda que «las comunidades autónomas de régimen común poseen la misma capacidad normativa para regular los impuestos cedidos, pudiendo así subirlos o bajarlos en función de sus legítimos intereses y necesidades mediante el uso de sus competencias».