Economía
Negociación de los ERTE

Los empresarios avisan de que esquivarán la prohibición de despedir: «No podemos sostener las plantillas»

  • Andrea Aguado
  • Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, cartera de Yolanda Díaz, se sacó de la manga una norma que prohibía a las empresas despedir en los seis meses siguientes a la finalización del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) como compromiso de salvaguarda del empleo. Una cláusula que los empresarios están dispuestos a esquivar ante la dificultad de sostener las plantillas previas al impacto de la crisis del coronavirus con el aumento de las restricciones de los distintos gobiernos.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) explica en el artículo 6 del real decreto-ley 24/2020 que «para las empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el plazo de 6 meses del compromiso de salvaguarda del empleo empezará a computarse desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley».

«En algunos casos es contraproducente recurrir a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y algunas empresas van a necesitar ajustar parcial o totalmente y hay que permitirles que se produzca este ajuste con los mecanismos de la legislación laboral».

Ante este escenario, fuentes conocedoras de la situación han explicado a este diario la dificultad que viven las empresas para mantener el empleo con una reducción de las ventas y la facturación: «En los próximos meses los empresarios se van a ver obligadas a saltarse la norma del Gobierno que prohíbe despedir, ya que es imposible sostener las plantillas previas a las crisis del coronavirus con la facturación que registran los negocios en la actualizad -que en sectores como la hostelería o el comercio se ha reducido hasta un 50%-«.

«El Gobierno de Pedro Sánchez se esta refugiando un escenario irreal. Claro que va a haber despidos, de hecho hasta un 30% de los trabajadores que estan en un expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) pasaran a formar parte de un expediente de regulación de empleo (ERE) en los próximos meses», explican. Además, puntualizan que «hay empresas que no aguantan ni un mes más, ¿como van a esperar seis?».

Ayudas para despedir

Por su parte, piden al Ministerio de Trabajo que suavice la prohibición de despedir a las empresas, ya que la flexibilización de esta cláusula del acuerdo de los ERTE podría garantizar la supervivencia de gran parte del tejido empresarial. Una teoría refutada por el Banco de España -que dirige Pablo Hernández de Cos-: «En algunos casos es contraproducente recurrir a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y algunas empresas van a necesitar ajustar parcial o totalmente y hay que permitirles que se produzca este ajuste con los mecanismos de la legislación laboral».

Sin embargo, los empresarios no sólo piden cesar la prohibición de despedir durante seis meses, si no que también solicitan al Ejecutivo de Pedro Sánchez ayudas a las empresas para hacer frente a las indemnizaciones y avisan que de lo contrario miles de empresas tendrán que cerrar definitivamente ante el aumento de las deudas. «Necesitamos liquidez, no más endeudamiento», critican.

Las líneas rojas de Díaz

No obstante, Díaz lo tiene claro y asegura que el Gobierno mantendrá el actual esquema de protección a empresas y trabajadores, con algunos cambios para agilizar su gestión, pero sin eliminar la prohibición de despedir en plena tercera ola de la crisis del coronavirus. La podemita vuelve a establecer líneas rojas con los empresarios en plena negociación de la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) -que se prevé aprobar la próxima semana-.

En concreto, la ministra ha explicado que en los próximo meses continuará el compromiso de las empresas a mantener el empleo durante seis meses, ya que de lo contrario «no tendría sentido» haber utilizado 14.000 millones de euros de las arcas del Estado para mantener 550.000 empresas y 3,4 millones de trabajadores que se han acogido a este herramienta desde el pasado mes de marzo.

Por lo tanto, la titular de Trabajo mantiene la salvaguarda de los empleos de los trabajadores pero se olvida de dar un balón de oxigeno a las empresas castigadas por los efectos derivados de la crisis del coronavirus y se olvida de la gran promesa del Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesia: «No vamos a dejar a nadie atrás».

Ante esta negativa de la podemita, en los próximos meses la prohibición de despedir también sigue operando, igual que la prohibición de repartir dividendos y de operar en paraísos fiscales. Saltarse estos tres vetos del Ministerio de Trabajo podría suponer para las empresas grandes multas y sanciones.