Eliminar el Impuesto de Patrimonio beneficia a las rentas bajas, según todos los estudios internacionales

Eliminar el impuesto sobre el Patrimonio como va a hacer la comunidad autónoma de Andalucía, siguiendo la estela de Madrid, estimulará la inversión, el crecimiento económico y el empleo beneficiando sobre todo a las clases medias y bajas, según la mayoría de los estudios realizados al respecto en países como Alemania o Estados Unidos. Esta estrategia será emulada con toda probabilidad por las otras regiones gobernadas por el PP como Murcia y Castilla y León.

El Impuesto sobre el Patrimonio constituye un gravamen fiscalmente obsoleto y económicamente ‘antifuncional’ cuya existencia en
España representa una anomalía en el conjunto de los países de nuestro entorno político, económico e institucional, según los informes principales realizados al respecto.

En la actualidad no existe ningún estado de la UE que tenga un Impuesto de Patrimonio para personas físicas como el de España. En Francia se sustituyó por un impuesto sobre la fortuna inmobiliaria, con un tipo máximo del 1,5%, y en los Países Bajos por un impuesto sobre rendimiento fijo del patrimonio con un tipo del 1,6%, pero allí no se gravan las ganancias de capital como sucede en España.

En Italia se gravan con un 0,6% las propiedades fuera del país y con 0,2% las inversiones en el extranjero. En el mundo el impuesto existe todavía de algún modo (muy diferente en todo caso) en apenas un puñado de países
(Noruega, Suiza, Argentina, Colombia) y con tipos mucho más bajos que en España.

El prestigioso instituto IFO de Alemania ha estimado recientemente que una eventual recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio supondría en realidad una significativa pérdida de la recaudación neta, pues implicaría una contracción, en el medio y largo plazo, de hasta el 5% del PIB nacional.
En Francia, se estimó que la pérdida global neta sobre el conjunto de la recaudación podría ser del doble de los ingresos obtenidos por el impuesto, como consecuencia de la contracción de actividad generada.

La ‘Tax Foundation’ ha estudiado los efectos que podría tener la
introducción del impuesto sobre el Patrimonio en Estados Unidos,
según proponía el economista francés Thomas Piketty. Su conclusión es que el efecto que tendría sobre la economía de los
Estados Unidos sería devastador. A lo largo de un periodo de diez años, los salarios se reducirían en un 5,2%, se destruirían 1,12 millones de empleos, el stock de capital disminuiría un 16,5 % y el PIB vería caer su crecimiento en un 6%.

Todas las clases sociales, con o sin patrimonio, e incluso las más
pobres, se verían afectadas por esta reforma fiscal por la reducción
de la actividad económica. Las clases bajas y medias serían las más afectadas por la caída del empleo (1,2%), la bajada salarial (5,2%)
y la reducción de la oferta de bienes y servicios.

Todos los estudios al respecto concluyen que el Impuesto sobre el Patrimonio supone una barrera de entrada para la inversión
extranjera y un desincentivo para el mantenimiento de patrimonio, especialmente en un entorno internacional en el que la mayor parte de los países lo han suprimido. Penaliza el ahorro e incentiva el consumo. Es un impuesto que es contrario a la eficiencia, ya que castiga
doblemente el esfuerzo laboral y empresarial, haciendo menos atractivo trabajar, ahorrar y asumir riesgos.

Puede, además, llegar fácilmente a ser confiscatorio porque la rentabilidad de los activos sea menor que lo que se paga simplemente por mantener el patrimonio. El impuesto sobre el Patrimonio se creó
cuando los tipos de interés y la rentabilidad de los activos eran muy elevados. En las circunstancias actuales, con tipos de interés que podrían situarse en un entorno del 2%, ante el progresivo endurecimiento de la política monetaria, la aplicación de tarifas marginales de hasta el 3,75% (el tipo máximo en alguna región española) implica un gravamen superior al rendimiento obtenido por los activos gravados.

Es además ineficiente por su baja capacidad recaudatoria. En el
conjunto de España, en 2019 apenas supuso 1.355 millones, equivalente al 0,2% del gasto público total en ese ejercicio.