Cataluña, Baleares y Navarra se unen contra el monopolio de gestión de residuos de Ecoembes

Esta semana, el Gobierno de Navarra ha anunciado que seguirá la estela de la Comunidad Valenciana y en su nuevo Plan de Residuos incorporará el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR). La Generalitat catalana y el Govern balear también apuestan por este modelo, que choca frontalmente con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Ecoembes.

El secretario de Medioambiente de la Comunidad Valenciana, Julià Álvaro, señaló el pasado mes de noviembre que «llama la atención las ganas con las que [desde Ecoembes] defienden su monopolio y el entusiasmo que ponen en la crítica». El cruce de acusaciones surgió con motivo de una carta que la empresa envió a la Comunidad en la que la compañía defiende que el SDDR «carece de objetivos medioambientales».

Además de las CCAA que defienden la implantación de este modelo, siempre críticas con el actual sistema, la comunidad de divulgación Fdet señala que el mecanismo actual tiene muchas sombras: «Este sistema resulta opaco a los controles externos ofreciendo una mera aproximación de las toneladas de material que se rescatan del residuo. No se hacen públicos datos acerca de los envases vendidos, los que se recogen de los contenedores de reciclaje o los que acaban llegando a las plantas de tratamiento. Ni siquiera se conoce el dato de cuántos envases se recuperan para acabar siendo reciclados».

Asociaciones como Retorna ponen también en duda el Sistema Integrado de Gestión y defienden volver a un modelo basado en la devolución del envase porque es «económicamente beneficioso». La agrupación señala que «en 40 regiones del mundo, poner un valor económico a las latas y a las botellas ha sido crucial para acabar con este problema».

Desde Ecoembes, sin embargo, aseguran que «todos los estudios oficiales realizados por diversos países europeos como Francia, Reino Unido, Chequia o Irlanda, evidencian los altísimos costes que tiene este sistema».

Fdet explica que «mediante el SIG, el fabricante de una botella de agua paga una cantidad al punto verde para trasladar la responsabilidad del reciclaje a Ecoembes. El usuario compra la botella de agua por un precio neto y tras consumirla lo introduce en el contenedor amarillo para iniciar el circuito de retorno. Para que el proceso se inicie el residuo ha de ser arrojado de forma selectiva al contenedor adecuado».

La parte negativa surge cuando la botella no es depositada en el contenedor sino arrojada a la vía pública. En esa situación, «será el Ayuntamiento el encargado de asumir el coste de recogida y procesamiento hasta el punto y esto se repercute a los ciudadanos a través del recibo de basura», señala la comunidad de divulgación.

Ecoembes se define como una «organización sin ánimo de lucro que se dedica a la recuperación de envases en toda España», pero sus directivos cobran el doble que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según recoge el propio informe anual de la compañía de 2015.

«La realidad es que no hay un modelo perfecto y, posiblemente, la convivencia de ambos podría resultar beneficiosa aunque los intereses de las empresas en lid que ahora ven el residuo como una nueva materia prima parece que abocará a la defenestración de uno de ellos», concluyen en Fdet.