Los dueños de la casa de Maricarmen desmienten al Gobierno: «No hicieron ninguna oferta de compra»
Los empresarios han asegurado que de haber formulado una oferta formal "se habría estudiado"
Los dueños de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa que ha comprado la casa de la ya conocida Maricarmen, han confirmado a OKDIARIO que «ni el Ministerio de Vivienda ni su empresa pública Casa 47 formularon oferta de compra» por la casa de la vecina madrileña. Es decir, los miembros del Gobierno mintieron en varias ocasiones el pasado miércoles asegurando que, pese a que se habían ofrecido a adquirir el inmueble, la compañía «se cachondeaba» de ellos.
En conversación con este periódico han asegurado que esa presunta intención de compra «es falsa» y que Casa 47 llamó, pero «nunca nos ha puesto nada por escrito». De hecho, los empresarios han subrayado que tampoco podían hacerlo «legalmente», pero que «si hubiera habido una oferta por escrito y formal se hubiera estudiado».
«La única propuesta de compra recibida procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas, que instó a la propiedad a vender la vivienda a una cooperativa del entorno del Sindicato, circunstancia que la propiedad puso en conocimiento del juzgado, advirtiendo el anómalo proceder», han asegurado.
En la misma línea han destacado que la voluntad mediadora expresada por Casa 47 no llegó a concretarse en una oferta cierta. Explican que en las últimas semanas se comunicó verbalmente la posibilidad de una renta de hasta 900 euros, abonada a partes iguales por la empresa pública y la inquilina, pero «sin precisar la configuración legal del contrato, el pago de gastos, ni el resto de condiciones legalmente exigibles para articularlo».
Ante el aluvión de «presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas» la propiedad ha querido aclarar que no es un fondo de inversión, sino una pequeña empresa madrileña, tal y como adelantó este mismo medio esta semana. Lo cierto, apuntan, es que «esta es la única vivienda de su propiedad».
Asimismo, aseguran que las cifras difundidas en medios relativas a una supuesta propuesta de 2018 para que la inquilina comprara la vivienda por unos 250.000 euros o continuara en ella con una renta de 1.650 euros mensuales, «no fueron formuladas por Urbagestión».
En cuanto a la compra, apuntan que se trató de la notificación del derecho de tanteo que la ley reconoce al arrendatario cuando se vende la vivienda arrendada, y que se le ofreció por el anterior propietario y con carácter preferente al de esta propietaria, porque además en ese momento no se tenía conocimiento de que su subrogación no se ajustaba a la ley.
«En ningún momento la empresa ha exigido a la inquilina el pago de una renta superior a la que venía abonando. Únicamente, en respuesta a un requerimiento escrito de la letrada de la inquilina, de hace tres años, para que indicara el precio de un posible nuevo arrendamiento, la propiedad señaló que, dadas las circunstancias, podría considerarse una renta bonificada entre un 40% y un 50% sobre el precio de mercado», señalan.
«Esta respuesta se ha utilizado posteriormente para afirmar que la empresa pretendía incrementar la renta de forma desproporcionada, lo cual no se corresponde con la realidad», sentencian.
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