Los directores de Servicios Sociales avisan: el ingreso mínimo «sólo» llega al 12% de los vulnerables

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana
• • 20/05/2024 10:33
  • Actualizado: 20/05/2024 10:33

El ingreso mínimo vital (IMV) «sólo llega al 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza» después de cuatro años de haber sido implantado, según ha desvelado este lunes la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a través de un comunicado. Los profesionales han cargado contra el Gobierno por no haber establecido «ninguna coordinación» con los servicios sociales municipales para incrementar su cobertura.

Así, la asociación de responsables de los Servicios Sociales ha denunciado la existencia de diferencias territoriales entre comunidades autónomas. Dichas diferencias van desde el 24,5% de cobertura de población bajo el umbral de la pobreza en País Vasco al 5,9% en las Islas Baleares.

Los gerentes de Servicios Sociales han acusado al ejecutivo de «no cumplir con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el ingreso mínimo vital a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, la persistencia de las «colas del hambre» deberían, según la asociación, «avergonzar a los gobernantes» a los que acusa de «impericia del Gobierno en la gestión de la vacuna contra la pobreza, como calificaron el ingreso mínimo vital».

El ingreso mínimo vital no llega

Según datos recopilados por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en abril, 589.948 familias se beneficiaron del IMV, alcanzando un total de 1.771.480 personas.

La asociación ha destacado que el IMV incluye tanto la renta básica de subsistencia para familias cuyos ingresos están por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia, que tiene como objetivo aumentar las rentas inferiores a tres veces la renta garantizada.

Las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera «renta garantizada» son «sólo», según la entidad, 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española.

Además, los profesionales han recordado que la previsión inicial, cuando el IMV se implantó en 2020, era llegar a 850.000 que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas).

«La realidad es que sólo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa», ha explicado el colectivo. Y, han añadido, si se toma como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV «sólo» llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.

A nivel territorial, la asociación ha insistido en las «grandes diferencias» en esta implantación entre comunidades autónomas. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en:

• Castilla La Mancha: 8,7%
• Cataluña: 8,6%
• Canarias: 8,3%
• Baleares: 5,9%

Más próximas a la media nacional del 12,2%, se encuentran comunidades como:

• Navarra: 17,7%
• Asturias: 16,5%
• La Rioja: 15,8%
• Andalucía: 14,4%
• Aragón: 13,6%
• Comunidad de Madrid: 13,07%
• Extremadura: 13,4%
• Cantabria: 12,2%
• Castilla y León: 12,17%
• Comunidad Valenciana: 11,01%
• Galicia: 10,9%

Ante estos datos, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales es «necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria». Consideran que «los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía, independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social».

Sin embargo, se ha lamentado la organización, «el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias». En su opinión, «el laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad»