Deloitte recurrirá la imputación del socio que ocultó el agujero de Bankia en la salida a Bolsa

• María Villardón @MariaVillardon
• Periodista de Toledo. Humanista y folclórica. Hija de María Ángeles y nieta de Cayetana. Hablo rápido con amables personajes –Tusquets dixit–.
• • 18/05/2017 21:57
  • Actualizado: 19/05/2017 10:20

Los abogados de Francisco Celma, socio auditor de Deloitte, recurrirá la decisión del juez Fernando Andreu de procesarle por los informes favorables que elaboró sobre las cuentas de Bankia antes de su salida a Bolsa en 2011. La causa contra la multinacional de Fernando Ruiz ha sido archivada como persona jurídica, aunque el magistrado sí que considera que el auditor externo debe sentarse en el banquillo por el “Caso Bankia”.

El recurso de los abogados, al que ha tenido acceso OKDIARIO, expone que Celma, en todas sus actuaciones como auditor de las cuentas de Bankia, «cumplió siempre escrupulosamente y con plena independencia sus deberes profesionales». Además, defiende que su socio auditor «no participó en modo alguno en la formulación de las cuentas de Bankia incorporadas al folleto de la salida a Bolsa».

El pasado 11 de mayo la Audiencia Nacional archivó la causa contra Deloitte como persona jurídica. Según el auto, Andreu destaca que los socios de la auditora gozan de “absoluta autonomía e independencia de criterio en el desempeño de su trabajo”. Sin embargo, el titular del Juzgado central de Instrucción número 4 señala que Celma «incumplió el deber de revelar aquellas irregularidades que podían afectar a los intereses de los inversores».

El socio de Deloitte fue el responsable de firmar el Informe de Auditoría que acompañaba al Folleto de Emisión depositado en la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) por parte de Bankia para su salida a Bolsa.

Por ello ha sido procesado junto a otras 31 personas físicas y jurídicas entre las que figuran el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, el exconsejero delegado Francisco Verdú y el exvicepresidente José Luís Olivas, entre otros directivos de la entidad nacionalizada.

Los abogados de Celma van a recurrir la decisión del juez de mantener su imputación como persona física, a pesar de que la causa de la firma Deloitte, de la que es socio, ha sido archivada.

El recurso de la defensa de Celma, expone que la causa contra el auditor debería ser sobreseída por «no existir base objetiva alguna ni siquiera para sospechar que pudiera haber cooperado dolosamente con los administradores de Bankia para estafar a los inversores».

El mismo documento añade, además, que fue el auditor quien, «al negarse a emitir un informe de auditoría, (“a pesar de las tremendas presiones”) sobre las cuentas anuales de 2011, formuladas en marzo de 2012, provocó la caída de los administradores de Bankia (“el auditor se negaba tajantemente a avalar las cuentas de la entidad”)».

Argumenta que esta actuación de Celma «le distingue de todos los demás investigados, ya que es racionalmente incompatible con un previo concierto de voluntades entre él y esos mismos administradores para engañar a los inversores».

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, aseguran que la firma cerrará filas alrededor del auditor externo de Bankia. Además, confirman que, a pesar de la tormenta, siguen confiando en Celma y seguirá formando parte del Comité Ejecutivo de Deloitte España, así como del CEO Mundial de la compañía.

También, fuentes del sector aseguran que Deloitte seguirá luchando junto a los abogados de Celma para que el magistrado también archive la causa contra él por “incumplir su deber de revelar irregularidades” de las cuentas de Bankia que iban en detrimento de los inversores, según señala el auto.

Cinco años de investigación

Según sostiene el magistrado, los administradores de la entidad cotizada «aprobaron unas cuentas maquilladas sobre la verdadera situación de las entidades» y «no reflejaban la imagen fiel de las mismas, de manera que no mostraban la verdadera situación económica» del Bankia.

De ahí, prosigue el auto de transformación, se derivó «un evidente perjuicio tanto para los que posteriormente suscribieron acciones como para el Estado». El juez, además, ha puesto especial atención en las consecuencias negativas sobre el interés general, ya que «su repercusión en la economía es de tal intensidad que sus crisis pueden afectar seriamente a la estabilidad económica del sistema».

Andreu sostiene que los imputados falsearon la información del folleto informativo de la salida a bolsa, de ahí que les achaque un delito de fraude a los inversores.

El auto consta de 253 folios, que resumen cinco años de investigación en los que han comparecido 48 investigados y 40 testigos, en una causa en la que se han personado 44 acusaciones particulares.