Trece comunidades autónomas piden retrasar la reunión de financiación y acusan a Hacienda de montar un ‘paripé’

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 27/07/2026 18:29
  • Actualizado: 27/07/2026 18:29

El pulso entre el Gobierno y las comunidades autónomas por el nuevo modelo de financiación ha subido un escalón. Trece comunidades autónomas han remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, para exigir el aplazamiento hasta, al menos, el mes de septiembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para el próximo 29 de julio. Pero la petición va mucho más allá del calendario: los consejeros denuncian que el Ejecutivo ha organizado un procedimiento que hace imposible cualquier negociación real y que convierte la reunión en un mero trámite para validar un modelo que consideran previamente pactado con ERC.

Los firmantes sostienen que la propuesta que el ministerio lleva al Consejo «no es, en realidad, sino el fruto de un pacto bilateral con ERC» y recuerdan que un texto prácticamente idéntico ya fue rechazado por 16 de los 17 territorios integrados en el sistema de financiación. A su juicio, el Gobierno pretende ahora aprobar esa misma reforma «de forma apresurada», con unos plazos que impiden siquiera un análisis riguroso de sus consecuencias para las comunidades autónomas.

La carta, firmada por los responsables de Hacienda de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla, sostiene que el procedimiento seguido por el ministerio «ha viciado por completo» la negociación. Critican que la reforma se presente primero al Consejo sin haber sido evaluada previamente por el Comité Técnico Permanente de Evaluación y que la documentación haya llegado de forma fragmentaria y con apenas unos días de margen para su estudio.

«Sólo quieren cumplir el trámite»

El reproche más duro de las comunidades se centra en el propio diseño del calendario elaborado por Hacienda. Según denuncian, las alegaciones presentadas por las autonomías iban a debatirse la misma mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin tiempo material para que el Ministerio pudiera analizarlas, introducir modificaciones o abrir una negociación efectiva.

Por ello, los consejeros llegan a una conclusión contundente: consideran que el Gobierno «no tiene ninguna intención de valorar, y mucho menos de incorporar, alguna de nuestras propuestas o alegaciones», sino que todo el proceso se limita «tan sólo por cumplir un trámite». Es decir, sostienen que la reunión ha sido diseñada para dar apariencia de negociación a un modelo que, en su opinión, ya está cerrado políticamente.

La petición de retrasar la reunión hasta septiembre adquiere así una evidente dimensión política. Además de reclamar más tiempo para estudiar la documentación, las comunidades pretenden impedir que el Ejecutivo acelere la aprobación del nuevo sistema durante los próximos meses. Un retraso reduciría considerablemente el margen temporal del Gobierno para culminar una reforma de enorme complejidad antes de final de año y antes de que el calendario político pueda volver a cambiar.

Las autonomías insisten en que no rechazan una reforma del sistema de financiación. De hecho, reconocen expresamente que el actual modelo necesita ser revisado tras dieciséis años de vigencia. Lo que cuestionan es que esa reforma nazca de un acuerdo bilateral con una sola comunidad autónoma y se presente después al resto de territorios como un hecho consumado.

Sin datos para evaluar el impacto

La carta también acusa al ministerio de no haber facilitado la información imprescindible para valorar las consecuencias económicas del nuevo modelo. Los firmantes aseguran que siguen sin disponer de las simulaciones completas para todas las comunidades, de la memoria de cálculo del reparto ni del desglose del mecanismo de nivelación vertical, documentación que consideran esencial para conocer quién gana, quién pierde y cuál será el coste real de la reforma.

A ello suman otra crítica de fondo: el Gobierno pretende modificar el sistema de financiación sin Presupuestos Generales del Estado actualizados, con las cuentas prorrogadas desde 2023 y sin objetivos de estabilidad presupuestaria aprobados para 2027. Los consejeros advierten además de que Hacienda tampoco ha explicado cómo encajará el incremento de recursos autonómicos dentro de las cuentas del Estado ni qué efecto tendrá sobre el déficit, la deuda o la presión fiscal.

Con estos argumentos, las trece comunidades solicitan formalmente al ministro Arcadi España que suspenda la reunión prevista para el 29 de julio y convoque un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando existan las «condiciones mínimas de información y de plazo» para negociar una reforma que condicionará durante años la financiación de los servicios públicos en toda España.