Los 19.300 millones que costarían las ayudas por hijo de Rego equivalen al 31% del IRPF anual medio que paga un español
La ayuda por hijo de Rego equivale al 31% del IRPF anual medio que paga un contribuyente
La prestación universal de 200 euros mensuales por hijo que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quiere incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado supondría una factura de 19.308 millones de euros anuales para las arcas públicas si se implantara para todos los menores de 18 años. Una cantidad equivalente al 13,6% de todo lo que Hacienda recaudó por IRPF durante 2025 y que permitiría pagar 2.400 euros anuales a cada menor, una cifra que equivale a cerca del 31% del IRPF medio soportado por los contribuyentes que efectivamente tienen cuota positiva.
Rego ha remitido formalmente este sábado al ministerio de Hacienda su propuesta para incorporar a los próximos Presupuestos una Prestación Universal por Crianza de 200 euros al mes por cada hijo a cargo hasta los 18 años. La ministra plantea que la ayuda sea universal y, por tanto, que no esté condicionada inicialmente por la renta de los padres.
La dimensión presupuestaria de la medida aparece recogida en el estudio sobre políticas contra la pobreza infantil que maneja el propio ministerio de Juventud e Infancia. El documento calcula que una prestación universal de 200 euros alcanzaría a ocho millones de niños y adolescentes pertenecientes a unos cinco millones de hogares y tendría un coste bruto de 19.308 millones de euros cada año.
La cantidad permite dimensionar el esfuerzo fiscal que requeriría la propuesta. Hacienda ingresó durante 2025 142.466 millones de euros mediante el IRPF, después de que la recaudación de este impuesto creciera un 10,1% respecto al ejercicio anterior.
Los 19.308 millones de la prestación equivalen, por tanto, al 13,55% de toda la recaudación anual del IRPF.
Dicho de otra manera, si hipotéticamente se financiara exclusivamente con este impuesto, sería necesario destinar a la prestación por crianza el equivalente a casi 50 días de toda la recaudación anual del IRPF en España.
2.400 euros por cada hijo
La comparación resulta todavía más gráfica cuando se traslada la ayuda al contribuyente individual.
Cada hijo generaría una prestación de 200 euros mensuales, es decir, 2.400 euros anuales, independientemente inicialmente de la renta familiar. Un hogar con dos hijos recibiría 4.800 euros al año; uno con tres, 7.200 euros.
Los últimos datos detallados de la Agencia Tributaria, correspondientes al IRPF de 2024, muestran que se presentaron 24,63 millones de liquidaciones. De ellas, alrededor de 17,12 millones registraron cuota líquida incrementada, por un importe conjunto de 133.444 millones de euros. La cuota media entre estos contribuyentes fue de 7.796 euros.
Por tanto, los 2.400 euros anuales que cobraría cada menor equivalen al 30,8% de esos 7.796 euros de IRPF medio. Ni que decir tiene que la media no es lo más frecuente, por lo que el porcentaje de esfuerzo fiscal, en realidad, es más alto para rentas más bajas que no estén exentas de pagar cotizaciones.
Es decir, la prestación anual correspondiente a un único niño tendría un importe equivalente a casi un tercio del IRPF medio de un contribuyente que efectivamente paga cuota.
Esta comparación no significa que el Gobierno vaya a reservar literalmente el 31% del IRPF de cada trabajador para pagar la prestación de otra familia, ya que los impuestos no funcionan mediante una asignación individual de este tipo. Sí permite, sin embargo, medir el tamaño de la transferencia respecto al esfuerzo fiscal medio registrado por la Agencia Tributaria.
Una factura de 19.300 millones cada año
Además, los 19.308 millones no constituirían un desembolso extraordinario de un único ejercicio. La prestación generaría gasto estructural y recurrente, por lo que tendría que financiarse todos los años mientras se mantuvieran la cuantía y su carácter universal.
El propio estudio utilizado por Juventud e Infancia reconoce, no obstante, que el coste netamente adicional sería inferior porque actualmente ya existe el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). En el escenario de una prestación universal tributable, calcula un coste adicional respecto al actual CAPI de unos 10.957 millones de euros. El coste bruto de la política seguiría siendo de 19.308 millones.
Esta diferencia es relevante: 19.308 millones es el coste total estimado de la prestación, no necesariamente 19.308 millones de gasto público nuevo respecto a la situación actual.
Rego defiende que la medida permitiría combatir uno de los principales problemas sociales de España. Un problema que no sólo no ha disminuido, sino que ha crecido bajo su Gobierno. 8 años después, presenta una medida porque sabe, entre otras cosas, que la aprobación real de la misma es más que improbable.
El problema para Hacienda será encontrar los recursos para financiarla. Los 19.308 millones anuales equivalen al 13,6% de todo el IRPF recaudado en 2025, al 19,4% de la recaudación del IVA y a aproximadamente el 45,7% de todo lo ingresado por el Impuesto sobre Sociedades durante ese mismo ejercicio.
La propuesta de Rego abre así un debate no sólo sobre su capacidad para reducir la pobreza infantil, sino sobre el coste de convertir la ayuda en universal: el Estado transferiría 2.400 euros anuales por cada menor, incluidos los de hogares que no se encuentran en situación de pobreza, aunque posteriormente el diseño tributario podría recuperar parte de la prestación de las rentas más elevadas.
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