El Consejo de Duro Felguera tarda 40 días en escuchar la oferta de Herrero: 8 millones en ‘cash’ y ayuda de la SEPI
Asesorado por Ernst & Young (EY), el empresario Blas Herrero fue citado finalmente este lunes 30 de noviembre para presentar a Alantra, la consultora contratada por Duro Felguera para encontrar un socio que contribuya a salvar la compañía o que la compre entera, su proyecto de futuro para la ingeniería asturiana. El encuentro -telemático- se produce prácticamente 40 días después de que la cúpula de la compañía, dirigida por José María Orihuela, accediera a que Herrero presentara su plan industrial, el 23 de octubre. De acuerdo con fuentes conocedoras de la situación, los responsables de Alantra se comprometieron a presentar la oferta al Consejo de la firma -que se ha reunido este miércoles-.
Pese a tener prisa para encontrar una solución que evite la entrada de la compañía en concurso de acreedores y el despido de más de mil trabajadores, la cita se retrasó más de un mes. No sólo eso: según explican las fuentes consultadas, Duro Felguera pidió a Herrero que firmara una carta de confidencialidad que le ataba durante cinco años, fuera aceptada o no finalmente su propuesta.
Este ‘torpedeo’ a la propuesta del dueño del Grupo Kiss no es nuevo porque las intenciones de Herrero no son nuevas. Antes de escuchar su propuesta, la cúpula de Duro Felguera ya la calificó de «ilegal». Y el año pasado, cuando se dirigió a Orihuela, ni siquiera le contestaron.
Este comportamiento coincide con el que ha tenido la cúpula de Duro Felguera en otras ocasiones: antes del verano ya desesperó a DSA Group, con base en Emiratos Árabes Unidos, que finalmente se retiró del proceso
Este comportamiento coincide con el que ha tenido la cúpula de la ingeniería en otras ocasiones. Antes del verano ya desesperó a DSA Group, con base en Emiratos Árabes Unidos, que finalmente se retiró del proceso sin ni siquiera hacer oferta, como publicó este diario. DSA Group ya había comprado en noviembre de 2019 otra industria asturiana, Vauste, una firma de producción de componentes para la automoción y otras industrias. El conglomerado árabe señaló que la operación respondía a su intención de impulsar su negocio industrial a nivel internacional.
Fuentes internas y externas apuntan a que se trata de una estrategia del consejero delegado, José María Orihuela, para mantenerse al frente de la compañía a la espera de la ayuda de la SEPI -en agosto solicitó formalmente 100 millones de euros del fondo de ayudas por el coronavirus-. Los sindicatos han pedido su salida, ha tenido contestación interna que ha resuelto con despidos de altos cargos, y Herrero tampoco le mantendría en el cargo.
Es una de las claves de la propuesta de Herrero. Además, inyectará ocho millones en la compañía -ahora tiene cuatro millones de ‘equity’, según señala su oferta- y dará la posibilidad a la SEPI y al Principado de Asturias de estar en la compañía, aunque sin participación accionarial. Cuenta también con el apoyo y los avales de la banca, y no aceptará tomar sólo una participación minoritaria.
Duro Felguera responde a OKDIARIO
Mientras se reunía el consejo, y los sindicatos mantenían un encuentro con la delegada del Gobierno para pedirle una solución para la ingeniería al margen de personalismos, la cúpula de Duro Felguera se ha visto obligada este miércoles a enviar una nota interna a la plantilla para responder a las informaciones que ha ido publicando este diario: la ‘espantada’ de DSA Group, los gastos en asesores jurídicos y de comunicación, los pagos a una agencia para que se publiquen noticias positivas de la compañía mientras se registran pérdidas de 114 millones de euros hasta junio… «Tras la petición de aclaración, por parte de algunos accionistas, sobre las noticias difundidas por algún medio digital…».
La dirección de la compañía admite las conversaciones con DSA Group y que, como publicó este diario, no se llegó a firmar el acuerdo de confidencialidad (DNA). Asegura también que ha reducido «notablemente» los gastos de estructura y de asesores externos respecto a otras direcciones generales, «especialmente en viajes y en asesores legales», y califica las «filtraciones» de «erróneas» y «malintencionadas» con el único objetivo de dañar «la reputación de la compañía».
El equipo directivo se refiere a varios artículos publicados por este diario en el que se desvela un coste de 200.000 euros en abogados en dos meses, otros 100.000 euros en una consultora de comunicación para que se publiquen noticias positivas, contrataciones de asesores políticos… Todo mientras ha pedido 100 millones de dinero público y no avanzan las negociaciones con ninguno de los inversores interesados.
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