Los conductores de VTC mandan cartas a Sánchez: el fin de la Ley Ábalos pone en riesgo hasta 22.000 empleos

• Andrea Aguado @AguadoRobles
• Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.
• • 28/09/2022 06:45
  • Actualizado: 28/09/2022 08:39

El sector de las VTC está al borde de desaparecer en España. La moratoria de cuatro años establecida por el real decreto-ley aprobado en 2018, por el exministro José Luis Ábalos, para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos regulen las licencias de este tipo de vehículos finaliza este viernes 30 de septiembre y el Gobierno no tiene pensado ampliar el plazo a pesar de que hay más de 22.000 empleos en juego. Una negativa que ha provocado que cerca de 100 conductores envíen a la desesperada cartas al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante el temor de perder su empleo.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a una de las cartas que los conductores de VTC han enviado a Sánchez reclamando una solución al fin de la ‘Ley Ábalos’: «Me dirijo a usted ante la incapacidad de hablar con ningún otro responsable político de un sector al que se criminaliza y se persigue día tras día. Soy conductor de VTC, una profesión que ejerzo con esfuerzo y dedicación».

«Están utilizando un sector entero del que dependen miles de familias en su propio beneficio político. Día tras día se nos criminaliza desde ayuntamientos, comunidades autónomas, medios de comunicación y otros sectores afines. Apenas he tenido problemas con taxistas en todo este tiempo y creo les están haciendo creer que existe un problema cuando realmente no lo hay», afea en la misiva enviada este lunes al Ministerio de la Presidencia del Gobierno.

Una carta en la que critica la pasividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez para solucionar el problema del sector: «Se ha hecho pública recientemente la petición por parte de nuestros representantes sindicales y patronales de la ampliación del periodo compensatorio con motivo de la crisis del coronavirus, pero a día de hoy, y a pesar de que el propio ‘Ley Ábalos’ lo permite, el Ministerio de Transportes no ha contestado a esta cuestión».

También, el conductor recuerda al presidente del Gobierno que «durante la pandemia el sector ayudo en bloque llevando a sanitarios y enfermos a los centros hospitalarios y sus propios hogares, poniendo en riesgo nuestra salud y ofreciendo un servicio que consideramos indispensable, en unos días tan terriblemente complicados para todo el país. Y ahora nuestro propio país nos arrincona y se olvida de nosotros».

‘Ley Ábalos’

La ‘Ley Ábalos’ habilitó a las comunidades autónomas a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.

También determinó que las VTC de ámbito nacional habilitaban exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros, excluyendo el transporte urbano, al finalizar este periodo transitorio de 4 años.

Por ello, el Ejecutivo considera que las comunidades autónomas o los ayuntamientos han dispuesto de tiempo suficiente para valorar y finalmente aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de los servicios, incluyendo posibles prórrogas al plazo inicial de 4 años establecido en septiembre de 2018.

Andalucía regulará pero con limitaciones

El gobierno andaluz elaborará un decreto ley que habilitará a los VTC para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen «la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano».

Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia ya regularon los servicios de los vehículos con licencia de VTC, generalmente exigiendo un tiempo de precontratación de 15 a 60 minutos, y han recibido reclamaciones patrimoniales millonarias por parte de las empresas de VTC, existiendo resoluciones judiciales contradictorias en toda España.