Competencia se enfrenta al Gobierno por amparar el modelo de financiación ilegal de Correos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se enfrenta al Ministerio de Fomento por no haber realizado sus funciones a la hora de vigilar y supervisar el método de cálculo para determinar el dinero público que debe recibir Correos y Telégrafos para la prestación del Servicio Postal Universal (SPU), es decir, por asegurar la calidad del servicio en todo el territorio nacional con independencia de la rentabilidad económica del negocio. El Gobierno debería haber calculado cada año desde 2011 el coste de ese servicio sin que haya cumplido con esa obligación legal. Y más aún cuando la Comisión Europea ha concluido que España ha dado más de 1.100 millones en ayudas ilegales a Correos mediante el SPU.

Así lo manifiesta la CNMC en un informe en el que, ante la pasividad de Fomento, ha decidido realizar el trabajo pendiente, elaborando una “propuesta metodológica para calcular el coste neto del SPU”. El organismo indica que “han transcurrido cinco años sin que el Gobierno haya cumplida con su obligación legal, dificultando la actividad supervisora de la CNMC, que es la institución competente para determinar la denominada ‘carga financiera injusta’ que le supone al operador designado prestar el SPU”. Esta labor está pendiente desde 2011, cuando entró en vigor la nueva Ley reguladora del sector postal.

Además, el Gobierno debería haber actualizado “los criterios de funcionamiento y pago del fondo de financiación del SPU que deben tenerse en cuenta para determinar la contribución del Estado”. Especialmente en un momento en el que la utilización del dinero público que en teoría debería servir para financiar este servicio universal podría estar utilizándolo Correos para financiar las actividades deficitarias de algunas de sus filiales, cometiendo competencia desleal, unos hechos que están siendo investigados por la Comisión Europea.

De hecho, tal como avanzó en exclusiva OKDIARIO, Bruselas considera a España culpable por un delito de concesión de ayudas ilegales concedidas a esta empresa pública, tras la investigación llevada a cabo en los últimos meses. La Dirección General de la Competencia ha incoado el expediente previo al procedimiento sancionador, tras las denuncias presentadas por las competidoras de Correos en mensajería y paquetería agrupadas en torno a la patronal UNO.

El documento enviado al Gobierno español es demoledor, ya que apunta la existencia de ayudas ilegales que superan los 1.100 millones de euros entregadas por el Gobierno español mediante subvenciones directas irregulares para la prestación del citado servicio postal universal, exenciones de impuestos que atentan contra la normativa europea, ampliaciones de capital ilegales y aportaciones a las pensiones de los funcionarios de Correos que suponen ayudas de estado ilegales.

En concreto, Bruselas considera que “las compensaciones por la prestación del servicio postal universal otorgadas a Correos en virtud de la Ley Postal (…) superan considerablemente el coste neto del servicio, incluido un beneficio razonable” y “conceden una ventaja a Correos” frente a sus competidores. Por eso es tan importante cumplir la normativa y proceder a una actualización del método de cálculo, tal como ha hecho la CNMC ante la pasividad del Gobierno.

Fuentes de la patronal UNO han señalado a OKDIARIO que los servicios jurídicos de la asociación “están analizando la propuesta realizada por Competencia y sus consecuencias para el cálculo de las ayudas estatales que recibe Correos por compensación del SPU”.