Competencia acusa a las Administraciones Públicas ayudan a Correos a realizar competencia desleal

El Gobierno ha dejado a un lado las reiteradas peticiones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para hacer efectiva la liberalización del sector postal en España. En lugar de ir abriendo el mercado a otros competidores, las Administraciones Públicas españolas han blindado el negocio de Correos y Telégrafos adjudicándole de forma masiva contratos con organismos públicos.

Según el informe sobre contratación centralizada de los servicios postales de la Administración General del Estado, publicado por la CNMC, Correos ha sido adjudicataria de todos los contratos de los departamentos y organismos públicos con la excepción de la Agencia Tributaria y el Servicio Público de Empleo.

Correos se ha adjudicado todos los contratos del sector público, excepto los de la AEAT y el SEPE

Según la institución que dirige José María Marín Quemada, la empresa pública está realizando competencia desleal, al verse favorecida por estos contratos públicos. A esto se suma que el Gobierno debía revisar cada cinco años la adjudicación del servicio postal universal, según las recomendaciones de la CNMC, tras la aprobación en 2011 de la nueva normativa. Correos puede realizar este servicio hasta 2025 si no se revisa el contrato, recibiendo dinero público para financiarlo.

Correos y Telégrafos recibe una asignación de dinero anual de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por realizar el servicio postal universal, es decir, por asegurar la calidad del servicio en todo el territorio nacional con independencia de la rentabilidad económica del negocio.

Desde el año 2001 hasta la fecha, los contribuyentes han inyectado más de 2.700 millones de euros, una cantidad que los aporta el Estado vía presupuestos sin que exista una estimación real del coste de este servicio.

Bruselas investiga a España por ayudas ilegales

Precisamente, el destino de este dinero está siendo investigado por las autoridades europeas, tras las denuncias de las empresas del sector, que acusan a la empresa pública de usar los fondos para financiar otras actividades ajenas al servicio postal universal. La filial de paquetería, Correos Express, está en el foco de las sospechas, ya que realiza grandes inversiones a pesar de estar en números rojos.

Según las investigaciones actuales, Correos podría estar vendiendo por debajo del coste (dumping) gracias a las ayudas ilegales, realizando subvenciones cruzadas y ofreciendo descuentos irregulares a grandes clientes, tanto en paquetería como en servicios postales.

Las empresas del sector, agrupadas en la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO), tienen el “compromiso firme” de acabar con estas presuntas prácticas ilegales, según ha explicado a OKDIARIO su secretario general, Francisco Aranda. La patronal conoce bien lo que está ocurriendo, ya que Correos Express es una de las empresas que la integran.