Colau hunde el mercado inmobiliario de Barcelona: menos transacciones y oferta de alquiler en 2020

El dinero y la inversión inmobiliaria huyen de Barcelona. Las medidas puestas en marcha por la alcaldesa Ada Colau en materia de vivienda se han traducido -y seguirán haciéndolo- en un desplome de la obra nueva, menos oferta de alquiler y un mercado más tensionado.

“Son medidas orientadas al voto y a la satisfacción de la opinión pública en lugar de actuaciones de calado eficaces», denuncian desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona.

La medida de Colau que más críticas e impacto negativo ha generado entre los players del mercado ha sido la de obligar a las promotoras a destinar un 30% de la obra residencial a vivienda social. «Esta medida obliga a los promotores a repercutir en el otro 70% la reducción de beneficio o a retraer la obra nueva. Ahora hay menos solicitud de licencias”, ha dicho a OKDIARIO Juan José Aguilera, director de Relaciones Institucionales de COAPI de Barcelona.

La caída de la construcción de nuevas viviendas está cifrada en un 55%, según los datos del primer trimestre de 2019 elaborados por la la Asociación de Promotores de Cataluña (Apce). El desplome de Barcelona contrasta con la subida del 9% que se ha registrado en el conjunto de España.

Los APIS dejan claro que están a favor de velar por el acceso a la vivienda, pero potenciando el papel de las administraciones públicas en materia presupuestaria. «Deben hacerlo con más dotación presupuestaria, no penalizando al particular o los promotores. Al final, si al empresario no le salen los números se va a otro sitio a hacer su negocio o retrasan el proyecto esperando nuevos tiempos”, advierten.

En materia de alquiler, COAPI también suspende las medidas de la alcaldesa Colau para intervenir el mercado «No tendrán el efecto deseado, pasará al contrario. El mercado se tensionará y la oferta se retraerá».

Las recetas de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona para el sector del ladrillo pasan por poner más suelo a disposición de los promotores o potenciar la inversión en vivienda de renta social por parte de la administración pública. También apuestan por implementar medidas fiscales y jurídicas que protejan al propietario. Están convencidos de que la inseguridad jurídica hace que la oferta inmobiliaria se reduzca.