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Economía

La CNMV pide al Gobierno que le deje espiar a las empresas accediendo a sus registros de llamadas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pedirá a las empresas de telecomunicaciones acceso a los registros de llamadas telefónicas con el objetivo de actuar contra el abuso de mercado, según ha explicado el presidente del supervisor, Sebastián Albella.

«Tenemos idea de plantear que se nos permita recuperar la capacidad de requerir a empresas de telecomunicaciones los registros de llamadas», ha indicado Albella durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Según ha explicado, la CNMV ya disponía de esta herramienta hasta 2007, cuando cambió la legislación y, por razones técnicas, se dificultó su utilización por parte del supervisor. «Tenemos dificultados para obtener esos datos cuando los necesitamos», ha añadido.

Además, ha señalado que el supervisor tiene previsto pedir acceso al fichero centralizado del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblanc) con el objetivo de utilizar una herramienta «más eficaz» y «más rápida» para sus investigaciones.

España no es un país corrupto

Albella ha afirmado este martes que España no es un país corrupto, pero ha indicado que existen «ovejas negras y problemas concretos que hacen un daño extraordinario». «Somos un país con un grado de moralidad social general alto», ha afirmado.

El presidente del supervisor ha destacado que a lo largo de su vida profesional, tanto el tiempo que ha desarrollado su carrera en el sector público como en el privado, no ha tenido «el más mínimo contacto» con «ningún supuesto que pudiera identificarse claramente como corrupto».

En este sentido, ha manifestado que su impresión tanto de los funcionarios como de las autoridades es «muy positiva». Por ello, ha asegurado que lamenta «extraordinariamente» que se den casos sospechosos de corrupción. «Espero que se acabe esto de una vez porque lo necesitamos», ha zanjado.

Albella se ha pronunciado así tras las últimas acciones del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que han llevado a prisión sin fianza al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presunto desvío de fondos durante su gestión del Canal de Isabel II.