«En este choque de trenes entre España y Cataluña los funcionarios estamos en medio de la vía»

Tras la aprobación de la ley del referéndum y su convocatoria para el próximo 1 de octubre, Cataluña se sumerge cada vez más en un escenario de incertidumbre con los mismos actores protagonistas. El divorcio entre España y la región viene de la mano de muchas dudas de empresarios, ciudadanos y funcionarios que desarrollan su actividad para la Administración Estatal. Desde el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aseguran que «ante este choque de trenes entre España y Cataluña, los funcionarios nos encontramos en medio de la vía».

Si finalmente los planes de Carlos Puigdemont llegan a hacerse realidad, los funcionarios se verán entre la espada y la pared, ya que a partir del 1 de octubre, servirían a dos administraciones diferentes. «Por poner un ejemplo: si al director de un colegio, le ordenan abrir el colegio el día 1 de octubre, la Administración Central lo va a crujir. Si no lo abre, lo hará la Administración Autonómica», subraya Joan Escanilla, responsable del sindicato en Cataluña.

Por el momento, desde el sindicato aseguran que no han recibido notificaciones de funcionarios que se hayan visto sometidos a cumplir las órdenes de la Generalitat. «Nadie me ha comunicado que ha recibido una orden ilegal de momento», apunta.

«Ningún funcionario tiene que sufrir por temas políticos»

Escanilla critica que esta situación política esté salpicando a los trabajadores. «Nos encontramos en una situación de mucha incertidumbre. Pero, ningún funcionario tiene que sufrir por temas políticos. Los funcionarios somos funcionarios porque hemos ganado una plaza y nos debemos a los ciudadanos», sostiene.

Para intentar frenar la escalada independentista, CSIF está intensificando sus campañas en colegios y Administraciones. En ellas, pretenden dar las instrucciones pertinentes al colectivo de empleados públicos para que sepan cómo tienen que actuar ante las órdenes ilegales derivadas del referéndum. «Tienen que pedir la orden por escrito a sus superiores para emprender acciones legales si consideran que son ilegales. Si se ven obligados a cumplirla, tendrán que llevarlo a la Fiscalía», mantienen.