Cepyme ve desproporcionado impedir a empresas morosas acceder a subvenciones

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha calificado de «desproporcionado» que se prohíba a las compañías morosas acceder a subvenciones públicas, por lo que ha reclamado cambios en la Ley «Crea y Crece» durante su trámite parlamentario.

«La morosidad es un problema complejo que necesita de un marco integral que la reduzca (…) Entendemos que una sanción tan grave como es la pérdida de acceso a subvenciones públicas y, por lo tanto, a los fondos europeos, resulta totalmente desproporcionada y puede ser contraproducente desde el punto de vista de la seguridad jurídica», ha advertido la entidad este miércoles en un comunicado.

Los responsables de la patronal han apuntado que en el actual contexto económico, marcado todavía por el impacto de la pandemia, las empresas afrontan problemas de rentabilidad y algunas tienen dificultades para ser viables, por lo que en su opinión una forma de reducir la morosidad sería «favorecer la normalidad y el acceso a financiación». Sobre la Ley «Crea y Crece», aprobada ayer en consejo de ministros, han cuestionado también la obligación de que se exija factura electrónica en todas las operaciones entre compañías y autónomos, debido a «las limitaciones digitales de las empresas de reducido tamaño».

Asimismo, han defendido la inclusión de «medidas fiscales» que incentiven el crecimiento empresarial, entre ellas aprobar tipos reducidos o poder compensar pérdidas «de forma ilimitada en el tiempo», además de aliviar las cargas administrativas. La posición de Cepyme contrasta con la hecha pública hoy por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), que considera «insuficientes» las medidas dirigidas a evitar la morosidad.

Su secretaria general, María José Landaburu, ha advertido de que este problema supone «una lacra» y está «ahogando» a autónomos y pymes, y exige la inclusión en la normativa de un «régimen sancionador» para acabar con «la cultura de la impunidad». «La reforma legal para establecer ese régimen lleva más de un año bloqueada en el Congreso», ha recalcado Landaburu.

Según sus datos, las empresas del Ibex 35 adeudan a proveedores más de 58.400 millones de euros y tardan de media 191 días en pagar, muy por encima del límite legal. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) también coincidió en alertar ayer de que las medidas incluidas en la ley no son suficientes para resolver esta cuestión, y aboga por mejorar la norma durante su tramitación para que se compruebe de forma fehaciente que las empresas cumplen con los pagos antes de recibir dinero público y que no solo valga con una declaración responsable.