La CEOE y Cepyme recurren la decisión de Yolanda Díaz de meter a su protegida Pimec en el diálogo social

Nuevo enfrentamiento entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y la CEOE. La patronal que preside Antonio Garamendi ha recurrido ante la Audiencia Nacional la decisión de Yolanda Díaz de que Pimec, patronal de la pequeña y mediana empresa catalana cercana a la ministra, tenga un puesto en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y meterla en el diálogo social. Una decisión a la que se ha sumado Cepyme.

La CEOE ha presentado un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Trabajo en la que reconoce a la organización Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) la legitimación para formar parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

La orden de Yolanda Díaz, publicada el pasado 10 de abril, daba a las tres organizaciones empresariales (CEOE, Cepyme y Pimec) un plazo de diez días para comunicar a la Dirección General de Trabajo «el acuerdo unánime» sobre la distribución de las seis vocalías con las que cuenta el grupo empresarial (actualmente 5 las ocupa CEOE y una, Cepyme).

La CEOE ha ampliado el recurso que presentaron contra la primera orden publicada en agosto del año pasado donde ya se recogía el procedimiento para asignar nuevos vocales dentro de esta comisión.

CEOE ha pedido medidas para paralizar la incorporación de representantes de la patronal de pymes catalanas a esta comisión mientras la Audiencia Nacional resuelve el recurso, ya que el plazo de 10 días para incorporar a Pimec finalizaría en los próximos días.

Yolanda Díaz comunicó en febrero de 2024 a Pimec que tenía derecho a participar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), un órgano colegiado, tripartito, en el que está representada la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas y, aunque tiene funciones autónomas, está adscrita a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo.

La Comisión está integrada por seis representantes de la Administración General del Estado, seis de los sindicatos y seis de las asociaciones empresariales más representativas y realiza funciones consultivas sobre el planteamiento y determinación del ámbito funcional de los convenios colectivos.

También tiene entre sus cometidos emitir informes en los procedimientos de extensión de convenios colectivos, analizar y estudiar la negociación colectiva y adoptar decisiones sobre la solución de discrepancias surgidas por falta de acuerdo en los procedimientos de ‘descuelgue’ de los convenios.

La decisión de incluir a Pimec en este órgano se produce después de que la Dirección General de Trabajo haya emitido un informe favorable en el que considera a Pimec como «más representativa» y le otorga legitimidad para formar parte de esta Comisión, decisión sobre la que las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme ya habían manifestado su rechazo.

Cepyme también recurrirá

Cepyme ha aprobado este martes recurrir ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Trabajo en la que reconoce a la organización Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec) la legitimación para formar parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (Ccncc).

La orden, publicada el pasado 10 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE), daba a CEOE, Cepyme y Pimec un plazo de diez días para comunicar a la Dirección General de Trabajo «el acuerdo unánime» sobre la distribución de las seis vocalías con las que cuenta el grupo empresarial (actualmente 5 las ocupa CEOE y una, Cepyme).

Con este recurso, Cepyme reclama medidas cautelares para frenar este procedimiento hasta que se resuelva el recurso presentado a mediados del pasado año contra la orden del Ministerio de Trabajo que establecía la reasignación de la representación empresarial en la Ccncc.

En un comunicado, Cepyme ha explicado que rechaza que desde el Gobierno se intente politizar el diálogo social y ha mostrado su preocupación por los constantes cambios regulatorios introducidos en la representatividad de las organizaciones empresariales, al margen de lo que establece la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Cepyme se suma así a la CEOE, que este mismo martes también ha presentado un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional contra dicha orden del ministerio de Trabajo