La CEOE propone subir el SMI a 1.112 € en 2024 y a 1.145 € en 2025 si se aplica en la obra pública
La CEOE pone como condición sine qua non modificar la ley para poder repercutirlo en contratos públicos
CEOE y Cepyme han movido ficha ante el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de dar prioridad a una nueva subida del Salario Mínimo (SMI) para 2024. Los empresarios han propuesto este miércoles, tras reunir a su Junta Directiva, un incremento del SMI desde los actuales 1.080 euros (14 pagas) hasta 1.112,4 euros (14 pagas) en 2024 y 1.145,77 euros (14 pagas) en 2025. Es un 3% anual. La CEOE pone como condición sine qua non que el Gobierno modifique la «normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución», explican en una nota.
CEOE explica que, ante la inminencia de la convocatoria de Trabajo para iniciar las negociaciones sobre el Salario Mínimo, aboga «por una subida del SMI para los años 2024 y 2025 que esté en línea con lo acordado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)». Las organizaciones empresariales consideran «adecuada» esta propuesta para tratar de mantener una correlación entre la evolución del SMI y la del resto de salarios que se pactan en el marco de la negociación colectiva.
Los empresarios destacan que la subida propuesta por CEOE y Cepyme es superior al 2% aplicado a los funcionarios para 2024. Pero advierte de que «esta propuesta tiene como condición sine qua non la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución, tal y como también se recoge en el V AENC firmado por las organizaciones empresariales y los sindicatos».
Las patronales explican que han tenido en cuenta las variables previstas en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, como el IPC, la productividad nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.
Además, han reiterado su petición de que se establezca un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, con una reducción del 20% sobre la cuota empresarial por contingencias comunes, que se sumaría a los incentivos ya vigentes.
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