La catalana Casa Tarradellas paga a Hacienda para regularizar su situación fiscal tras una inspección

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid.
• • 19/02/2019 04:55
  • Actualizado: 19/02/2019 09:27

La firma, fundada y controlada por la familia Tarradellas y con sede en Gurb (Vic), sufrió un boicot a a sus productos en 2017 por su supuesto apoyo a las tesis independentistas, algo negado por la empresa en reiteradas ocasiones. Ese año 2017 la compañía redujo casi un 20% su beneficio de explotación -como publicó este diario-, al no contrarrestar la ligera subida de las ventas el incremento de los costes de las materias primas y los laborales.

Según explica la firma en su última memoria, Hacienda abrió en 2013 una inspección a la compañía -habitual en todas las empresas- para analizar el pago del Impuesto de Sociedades y el de IVA. Casa Tarradellas explica que «las inspecciones acabaron en el ejercicio precedente en conformidad y con un pago de 475.000 euros».

De esta forma, la firma presidida por Josep Tarradellas acepta que no pagó correctamente sus impuestos y cierra la inspección fiscal con el pago de ese medio millón de euros. Sus beneficios de 2016 fueron de 23,5 millones y los de 2017, 24 millones. Las ventas crecieron un 3% respecto a 2016, hasta los 908 millones de euros.

Boicot

Se evita así la firma catalana un nuevo problema. Pese a la escasa presencia pública del fundador y patriarca de la familia, Josep, la compañía se ha visto envuelta en un escándalo por su supuesto apoyo al independentismo tras el inicio del desafío independentista catalán.

Por las redes sociales empezó a circular el supuesto apoyo de Tarradellas al independentismo y el boicot se empezó a mover entre los contrarios a la independencia por todo el país.

Desde las redes sociales, con petición a Mercadona de que cambiara de proveedor de pizzas y embutidos en la plataforma change.org, se extendió la idea de que la compañía y la familia Tarradellas eran partidarios de la independencia ya que solo contrataban catalanes y extranjeros. Ese supuesto apoyo, negado por la empresa, y el boicot, coincidió en 2017 con el peor resultado de explotación de la firma en una década.