Castellana Norte exige a Carmena más funcionarios para que la Operación Chamartín coja velocidad de crucero 

El proyecto urbanístico más importante no sólo de Madrid sino de toda España no termina de rematarse. La conocida como Operación Chamartín afronta ahora un último reto. Que la maraña de funcionarios y los trámites burocráticos, todos ellos dependientes del ayuntamiento liderado por Manuela Carmena, vayan lo más rápido posible para que este proyecto sea una realidad. No queda otra, dicen desde fuentes cercanas a la operación, que el Consistorio madrileño dote de todos los recursos humanos necesarios para solventar sobre la marcha los flecos de última hora.

Antonio Béjar, presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), que es el nombre oficial la Operación Chamartín), ha querido en la copa navideña con los medios de comunicación trasladar un mensaje de confianza sobre la realización de este proyecto: «Nosotros hemos cumplido con todo lo exigido, ahora la pelota está en el tejado del ayuntamiento».

El consorcio DCN tuvo que modificar sensiblemente su proyecto inicial para ajustarse a las demandas que desde este ayuntamiento del cambio se les exigieron y que pasaban por hacer un planteamiento menos ambicioso (en aparcamientos, zonas verdes, viviendas, comercios) de lo inicialmente planteado.

Por su parte, la alcaldesa Carmena tuvo también que bregar dentro de los distintos partidos que configuran Ahora Madrid para sacar adelante el proyecto más importante que afronta no sólo la capital española sino el propio país como muestra de que también podría gestionar este tipo de planes.

Fuentes consultadas por OKDIARIO afirman que el mencionado proyecto puede convertirse en el banderín de enganche para la probable renovación como candidata a dirigir el Palacio de Cibeles poniendo en su CV el ejemplo de que no sólo hace ideología. Podemos ni afirma ni desmiente si Manuela Carmena volverá a ser la candidata de la formación morada en los próximos comicios.

Cuestiones políticas al margen, desde DCN se exige la incorporación a este proyecto del mayor número de funcionarios posibles para que no haya que lamentar dilaciones innecesarias pues desde la parte empresarial se han puesto todas las facilidades para una historia que arrastra 25 años de retrasos. El concejal de urbanismo, José Manuel Calvo, expresa su buen feeling sobre este asunto que debe empezar a tramitarse para su arranque total a partir de enero de 2018.

A nadie se le escapa la complejidad de todo esto que pretende cambiar la fisionomía  madrileña a un nivel parecido a lo que ha ocurrido en los últimos 200 años con las diferente modificaciones del Paseo de la Castellana. Se trata de un proyecto de Estado en el que está involucrado el Ministerio de Fomento, ADIF, por lo que es inaceptable que ahora no se cumpla por escasez de medios por parte del Ayuntamiento , ha dejado caer Béjar.

Como decimos, el proyecto se desbloqueó el pasado mes de julio tras tener DCN que rebajar sus pretensiones iniciales actuando como mediador el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. El impulso al desarrollo de la zona norte de la capital hizo que Carmena pudiera convencer a los más reacios dentro de su coalición de Gobierno pues Madrid necesitaba entre otras cosas una nueva estación de Chamartín, moderna y de referencia en Europa.

La palabra más repetida fue «consenso» que obligó a reducir la edificabilidad un 36%, pasando de 3,2 millones de metros cuadrados planificados inicialmente con Ana Botella de alcaldesa, hasta los 2 millones actuales, distribuidos en cuatro ámbitos. Que responden a Fuencarral-Tres Olivos, Fuencarral Malmea, Las Tablas y el distrito de Negocios, que tendrán coeficientes de edificabilidad independientes. El uso residencial global también disminuirá, hasta un 36%, frente a la oferta de Distrito Castellana Norte, que hablaba de un 20 por ciento, debido a que se excluyen los terrenos de vías ferroviarias.

Además, la gestión del plan pasaría a manos del Ayuntamiento de Madrid, controlando tiempos y actuaciones, de modo que los técnicos municipales son los que se encargarían de la reforma a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El borrador también recoge que la estación de Chamartín se convertiría en el centro del nuevo barrio de servicios. Para compensar a los operadores privados de la reducción de sus plusvalías, el ayuntamiento de Madrid asumiría el coste de las infraestructuras viarias previstas.