Casi el 100% de los militares y policías cree que la gestión económica de Sánchez es mala
El 58,9% de los españoles tampoco ve con buenos ojos la gestión económica del Ejecutivo socialista
El 93,4% de los militares y policías de España consideran que la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez es mala o muy mala, según la encuesta publicada este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Así, casi la totalidad de estos cuerpos creen que «la situación económica general de España» en la actualidad es negativa, sólo un 4,9% piensa que es buena y ninguno considera que es muy buena.
En términos generales, el 58,9% de los españoles tampoco ven con buenos ojos la gestión económica del Ejecutivo socialista, y sólo un 2,2% piensa que la economía del país se encuentra en una situación «muy buena».
Por profesiones y ocupación, los que peor consideración tienen sobre el contexto macroeconómico de España son las siguientes profesiones:
- Militares y policías: el 93,4% de ellos creen que la situación es mala o muy mala
- Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios: el 72,2%
- Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: el 68,2%
- Personal de apoyo administrativo: el 63,9%
- Parados: el 63,8%
- Técnicos y profesionales de nivel medio: el 63,6%
- Estudiantes: el 63,3%
- Amas de casa: el 62,4%
- Directores y gerentes: el 61,9%
- Profesionales, científicos e intelectuales: el 61,6%
- Oficiales operarios y artesanos: el 60,2%
En cuanto a la situación económica personal, el 59,2% de los parados consideran que es mala o muy mala, algo que refleja otra consecuencia del desempleo estructural que enfrenta España.
Y es que el país tiene una de las mayores tasas de desempleo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un porcentaje que se eleva hasta el 11,3%, el único con dos cifras de todos los españoles.
Situación de militares y policías
Los policías y militares se encuentran entre los peores parados por las políticas de Sánchez. Aparte de cuestiones de equiparación salarial, que es una de las grandes reivindicaciones del sector, el Ministerio del Interior destina a las estrategias policiales de lucha contra el narcotráfico en toda España, apenas 300 millones de euros.
Este 2023, hasta el 31 de octubre, el Gobierno había gastado en «Actuaciones policiales en materia de droga» 88,8 millones, a los 361,1 millones extra que había inyectado a la Generalitat para su policía autonómica.
Esta falta de recursos se vio reflejada en la polémica nacida tras el asesinato de dos guardias civiles y las graves lesiones a sus compañeros en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero en una operación de lucha contra el narcotráfico.
Otros problemas de los ciudadanos
El Barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre también revela que la inmigración sigue siendo la principal preocupación para los españoles, con un 28,1% de menciones. Le sigue de cerca la crisis económica, señalada por el 23,8% de los encuestados, y el problema de la vivienda, que ha escalado notablemente hasta el 22,7%, siete puntos más respecto al mes anterior.
El paro aparece como la cuarta preocupación más mencionada, con un 22%, mientras que los problemas políticos se sitúan en quinto lugar con un 18,6%. En sexta posición se encuentran los problemas relacionados con la calidad del empleo, que preocupan al 13,9% de los ciudadanos encuestados.
Este estudio, presentado este lunes, se elaboró entre el 1 y el 11 de octubre, justo un día después de que se hiciera público el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el conocido como caso Koldo.
Sin embargo, las encuestas concluyeron antes de la manifestación que recorrió Madrid el 13 de octubre, donde se exigía una reducción en los precios de los alquileres.
Los manifestantes pidieron una reducción de los costes de arrendamiento y, de no cumplirse, amenazan con una «huelga» de impagos, es decir, con dejar de abonar la mensualidad a los propietarios. Detrás de la movilización se encontraban 40 asociaciones y partidos políticos de izquierdas.
Los lemas de dicha manifestación fueron La vivienda es un derecho, no un negocio y Se acabó. Bajemos los alquileres. Entre las organizadoras estaban plataformas como Afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y Afectadas por la Hipoteca (PAH).
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