Carmena se enfrenta a sus bases en la Operación Chamartín: el 60% respalda el proyecto

La ofensiva lanzada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para no ejecutar las obras de la nueva Operación Chamartín (rebautizada como Castellana Norte) no está respaldada por la mayoría de su propio electorado.

Según una encuesta elaborada por la empresa de sondeos MyWord, el 60% de los simpatizantes de la marca blanca de Podemos en la capital quiere que se lleve a cabo el proyecto urbanístico que creará espacios verdes, 27.000 nuevas viviendas y creará 120.000 empleos gracias a los más de 6.000 millones de euros de inversión privada.

La encuesta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, indica que el 78% de los madrileños, sin realizar distinciones políticas, reclama que se ejecuten las obras que supondrán una remodelación sin precedentes en el norte de la ciudad. Si nos atenemos sólo a los consultados en los barrios afectados, el respaldo a la nueva Operación Chamartín alcanza el 83%.

Atendiendo al color político de los encuestados, el apoyo es del 77% en el caso de los votantes del PSOE, del 90% en los electores de Ciudadanos y el 93% en el caso de los simpatizantes del PP. Además del citado 60% en los votantes de Ahora Madrid.

Los factores que más citan los consultados a la hora de respaldar el proyecto son el empleo, la movilidad y los servicios públicos son los ámbitos de actuación mejor valorados. “Más de la mitad de los vecinos considera que sus opiniones y sus necesidades están siendo tenidas en cuenta” en el diseño de la Operación Chamartín, según revela el estudio.

El proyecto urbanístico para remodelar el norte de la ciudad, tiene como objetivo prolongar el Paseo de la Castellana urbanizando las vías de la estación de tren de Chamartín y conectando los barrios de Begoña, Las Tablas, Montecarmelo, Sanchinarro, Fuencarral pueblo y Castilla.

Ofensiva de Carmena, Zapata y Murgui

La próxima semana se producirá la tercera asamblea convocada por el Ayuntamiento para decidir el futuro del proyecto, unas reuniones que están usando los responsables municipales para poner piedras en el proyecto y para realizar política, obviando las vías administrativas de comunicación con las empresas que han diseñado el proyecto y que han recibido la autorización de las tres Administraciones Públicas (estatal, regional y local).

Tal como ha avanzado este diario, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que fue dirigida por el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Murgui, defensor de la okupación ilegal de viviendas, ha lanzado una campaña de propaganda en las redes sociales contra la nueva Operación Chamartín. Murgui fue el número dos de Carmena en las lista electoral de las pasadas municipales.

El proyecto está siendo bloqueado desde la alcaldía y está usando para ello a la FRAVM como brazo político de Ahora Madrid. De hecho, además de Murgui, en las asambleas donde se está debatiendo sobre este proyecto también participa el concejal de distrito Guillermo Zapata, imputado por humillar a las víctimas de ETA y reirse de los seis millones de judíos asesinados por los nazis.

El modus operandi del equipo de urbanismo de Carmena, dirigido por el concejal José Manuel Calvo, es bloquear el proyecto en las asambleas en las que Zapata y los representantes de la citada FRAVM llevan la voz cantante. Zapata es responsable del distrito de Fuencarral – El Pardo y también del de Villaverde, tras haber sido cesado como concejal de Cultura de Carmena.

“Carmena está usando como ariete a las asociaciones vecinales que controla Podemos para hundir el proyecto”, manifiestan a OKDIARIO fuentes presentes en las anteriores asambleas. En estas reuniones “se pone de manifiesto el anticapitalismo de los partidarios del bloqueo, con argumentos decimonónicos” como, por ejemplo, que “el suelo nunca puede estar en manos privadas”.

En su programa electoral, Ahora Madrid, planteaba una “revisión integral del planeamiento urbanístico” de la ciudad. Además, prometía “paralizar” y “auditar” los acuerdos del proyecto Castellana Norte, mediante un proceso “participativo abierto a distintas organizaciones”.

De momento, según confirman algunos de los asistentes a estas asambleas, “las posiciones son inflexibles”, lo que supone una gran inseguridad jurídica para el consorcio que quiere sacar adelante el proyecto. Si las obras no comienzan antes del fin de este año los inversores se retirarán, ya que así está estipulado en el contrato.