La Sanidad valenciana abre la puerta al despido de 2.000 trabajadores del Hospital de la Ribera

La Sanidad valenciana no ha podido ocultar durante más tiempo que su intención es despedir a una gran parte de los 2.000 trabajadores que desarrollan su labor en el Hospital de La Ribera. El departamento que dirige Carmen Montón ha señalado públicamente que la plantilla de este centro (un referente internacional del modelo Alzira) no corre peligro a pesar de ser considerada como «personal a extinguir»; sin embargo la consejería de Sanidad ha puesto en la calle a casi un centenar de farmacéuticos que tenían la misma consideración burocrática.

En concreto, hace casi tres meses el Ejecutivo regional que preside el socialista Ximo Puig puso por escrito que el personal del departamento de salud de La Ribera, que dejará de depender de la concesionaria sanitaria el próximo 1 de abril, será considerado “personal a extinguir” de la administración valenciana.

En aquel momento saltaron todas las alarmas en el seno de la plantilla del centro y, para limitar el coste político de la medida, la consejería de Sanidad no escatimó recursos ni altavoces sindicales para insistir en que, aunque la denominación “no suena demasiado bien”, es “la fórmula legal que garantiza el puesto de trabajo hasta la jubilación o fallecimiento de todos los trabajadores”. O, también, por “causa legal”.

Y ha sido precisamente la citada “causa legal” la herramienta que utilizará el departamento de Carmen Montón. De hecho, la semana pasada 89 farmacéuticos que dependían de Salud Pública de la Generalitat valenciana que también estaban calificados como “personal a extinguir” han recibido cartas de despido.  

Fuentes del sector sanitario de la comunidad autónoma señalan a OKDIARIO que “ya no cabe ninguna duda de que esto supone que los 2.000 trabajadores del departamento de salud de La Ribera pueden perder su empleo cuando la Generalitat valenciana considere, porque decida, por ejemplo, sacar a oferta pública las plazas que ellos ocupan.

La plantilla del departamento de salud gestionado por el modelo Alzira, que lleva un año conviviendo con la incertidumbre sobre su futuro a pesar de que Carmen Montón les aseguró que tras la reversión de la concesión los empleados pasarían a ser “laborales no fijos”, denominación que no convenció a muchos puesto que el 92% de la plantilla actual tiene contrato indefinido. En cuanto a los 300 trabajadores temporales del Hospital de La Ribera, ya saben que perderán sus empleos.

Sin embargo el 17 de septiembre se hizo público el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera, y de Gestión de la Organización de la Generalitat Valenciana (es decir, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos). Fue en ese documento en el que el Gobierno regional decidió calificar como “personal a extinguir” a los 2.000 trabajadores del departamento de salud de La Ribera que, si nada lo impide, pasarán a depender de la Generalitat el 1 de abril de 2018, fecha prevista para la reversión de la concesión sanitaria a la gestión directa pública.

Como es la primera vez que una situación de este tipo se produce en España, fuentes de la administración valenciana alertan sobre la “ausencia de una hoja de ruta” para llevar a cabo con garantías este proceso de reversión concesional. “La consejera gestiona a golpe de ocurrencias y objetivos ideológicos, y no deja que ningún informe independiente, ni siquiera procedente de los organismos públicos, le disuada”, señalan a este diario.

A este respecto el Plan Estratégico a 10 años presentado por la concesionaria para el hospital que la Generalitat quiere quitarles ha puesto aún más en evidencia la ausencia de una planificación que permita al Hospital de La Ribera seguir cumpliendo su labor con garantías.

“Puig y Montón saben que la reversión puede pasarles una factura política en las próximas elecciones, pero prefiere arriesgar y pensar que en año y medio las cosas no se les irán de las manos, que aunque sea, posponer la reversión. Hay quien no duda en calificar esta actitud como auténticamente temeraria o un suicidio político”, indican diputados regionales de la oposición.