Bruselas acepta los Presupuestos de Montoro pero mantiene a España bajo estricta vigilancia

España no está sabiendo aprovechar su buena coyuntura económica para cerrar el capítulo de su déficit excesivo. Pese a que la economía española es una de las que más crece en la UE (en 2017 avanzó un 3,1%) y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cumplen «en términos generales» con las reglas fiscales comunitarios, España seguirá bajo el procedimiento por déficit excesivo un año más.

La Comisión Europea ha dado el visto bueno a los Presupuestos de 2018. Pero su aprobación ha venido acompañada de un tirón de orejas. España permanecerá dentro del  procedimiento por déficit excesivo porque el déficit de las administraciones públicas fue inferior o igual al 3% del PIB.

De esta manera, se convertirá en el único país de la Unión Europea (UE) bajo el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tras la salida de Francia. Con un crecimiento mucho menor (1,8% en 2017), el país vecino ha logrado abandonar este control enmendando sus cuentas públicas.

«La Comisión Europea considera que el proyecto presupuestario actualizado cumple en términos generales con los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, dado que las previsiones de primavera prevén que el déficit nominal de España esté por debajo del valor de referencia del 3% en 2018», ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Déficit por encima del 2,2%

La Comisión también ha alertado de que no está previsto que el país cumpla «ni el objetivo de déficit ni el esfuerzo fiscal pedido en 2016» este año, para cuando España debería reducir su déficit público hasta el 2,2 % del PIB. 

Algunas de las medidas impulsadas por el Ejecutivo para tratar de sacar adelante los PGE en el complejo escenario político actual han sido duramente criticadas por Bruselas.

En el documento sobre el presupuesto español, la Comisión ha destacado que las subidas de las pensiones pactadas durante los últimos meses ponen en cuestión el compromiso de España para reformar el sistema de pensiones. Tampoco convence el aumento salarial a los funcionarios.

Bruselas considera que existen riesgos de que las contribuciones sociales «no alcancen los niveles previsto» y por el hecho de que los pagos a los empleados públicos sean superiores a lo previsto.

Además, ha recordado que el gasto podría incrementarse a lo largo de este año por el rescate de las autopistas y la compensación tras la sentencia del Supremo sobre la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL).

Razones, todas ellas, que ayudan a entender el motivo por el que no levanta su lupa.