Botín será testigo en el juicio por la demanda de Orcel al Santander, que arrancará el 10 de marzo
El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha fijado el próximo 10 de marzo de 2021 como fecha clave en la disputa fraguada entre Andrea Orcel y el Banco Santander en 2018, después de que este lunes se haya celebrado la vista previa del juicio y las partes no hayan alcanzado ningún acuerdo.
El próximo mes de marzo se iniciará el juicio civil por el fichaje frustrado del banquero italiano procedente de UBS, en el que será interrogada como parte la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. Por otro lado, también será llamado a declarar el presidente de UBS, Axel Weber.
La promesa de Orcel de llevar al banco cántabro a los tribunales se ha oficializado ahora tras no alcanzar ningún acuerdo extrajudicial en la vista previa que ha tenido lugar en la mañana de este lunes.
El banquero italiano formalizó en julio de 2019 su ofensiva legal contra Banco Santander al presentar una demanda tras la cancelación por parte de la entidad de su contrato como consejero delegado.
Hace un año, en septiembre de 2019, el diario Financial Times desveló una serie de mensajes intercambiados entre Orcel y Botín, en los que el italiano pedía más poder ejecutivo, de modo que él respondería ante la presidenta y todos los demás directivos reportarían directamente a él.
Botín decidió despedirlo días después del intercambio de dichos mensajes, porque tenía dudas sobre el poder que Orcel estaba exigiendo, el perfil público que tendría como director ejecutivo y los objetivos que pretendía establecer.
En su escrito, Orcel reclamaba el cumplimiento de contrato por parte de Santander o, en caso contrario, daños y perjuicios por una cantidad próxima a los 112 millones de euros, incluyendo el sueldo que dejó de cobrar en UBS y el que podría haber percibido en Santander.
De su lado, el Santander esgrime que el contrato nunca se formalizó, al no darse las condiciones al que estaba supeditado, y que solo se trató de una carta con las condiciones de la oferta.
Para defenderse, el banco presidido por Ana Botín puso el caso en manos de su despacho de cabecera, Uría Menéndez. De su lado, Orcel contrató los servicios del bufete De Carlos Remón.
El consejo de administración de Santander decidió no seguir adelante con el nombramiento de Andrea Orcel como consejero delegado casi cuatro meses después de anunciarlo en septiembre de 2018 al considerar inasumible tener que hacer frente en su totalidad al bonus en diferido que se había comprometido a abonarle UBS cuando fue ‘fichado’ por la entidad cántabra y por pérdida de confianza.
La decisión adoptada a propuesta de las comisiones de nombramientos y retribuciones fue consecuencia de la modificación, tras las negociaciones mantenidas, de las bases sobre las cuales el consejo adoptó la decisión de designar a Orcel y la imposibilidad de que los costes de compensar a éste por sus remuneraciones pasadas excediesen los tenidos en cuenta al acordar el nombramiento.
El hecho de que Orcel grabara desde enero de 2019 conversaciones privadas con Botín sin conocimiento de la presidenta del banco ha sido calificado por la entidad como una prueba de dudosa calidad ética impropia de alguien que aspiraba a convertirse en CEO del Santander.
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