El BCE no ha recomendado subir los «impuestos a los ricos» en contra de lo que dice Sánchez
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El Banco Central Europeo no ha recomendado subir los impuestos a los ricos como dice el Gobierno de España. El sábado pasado, con motivo de su intervención en el Foro de la Toja, el presidente Sánchez aseguró que todas las instituciones internacionales, el FMI, la OCDE y entre ellas el BCE avalaban la decisión de aumentar los impuestos. Fuentes de la institución con sede en Fráncfort niegan completamente que sea así. Es verdad que el economista jefe de la entidad, Philipe Lane, ha hecho algunas consideraciones sobre la política impositiva, pero estrictamente a título personal.
Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, como la ministra de Hacienda, Maria Jesus Montero, en el curso de la presentación de la reforma fiscal la pasada semana esgrimieron en aval internacional como apoyo a las subidas del impuesto a las grandes fortunas, así como a las empresas, que ya no podrán durante los dos próximos
Según los medios consultados, las directrices del banco central son muy claras al respecto y figuran por escrito. Su recomendación es que «la política fiscal no debería contrariar la política monetaria, que no es bueno que contribuya al crecimiento de la inflación, y que las ayudas que aprueben los gobiernos para combatir la crisis deben ser eminentemente temporales y selectivas, dirigidas a los colectivos más vulnerables, tanto en lo que se refiere a los individuos como a las empresas». El banco también expresa su deseo de que los Ejecutivos de los países de la zona euro aumenten la eficiencia del gasto público y ayuden a la sostenibilidad de la deuda.
El déficit público de España en 2021 rozó el 7% del PIB y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue sosteniendo que este año podrá recortarse hasta el entorno del 5%. El FMI prevé que se sitúe en el 5,3%, el Panel de Funcas -que agrupa a los principales servicios de estudios del país- lo ve en el 5,2%, y el Gobierno continúa sin elaborar el plan de consolidación fiscal a medio plazo que tantas veces ha pedido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y que sería del agrado de Christine Lagarde, la presidenta del BCE. La deuda pública nacional está en estos momentos en el 120% del PIB.
Por norma, y de acuerdo con sus estatutos, el BCE no opina de las medidas concretas de política fiscal de los estados, aseguran los medios consultados. «Sólo pedimos prudencia y rigor presupuestario». Ni siquiera lo ha hecho en condiciones extremas como las decisiones adoptadas en el Reino Unido por la primera ministra Liz Truss, que ha aprobado una rebaja dramática de los impuestos, aunque hoy ha tenido que dar parcialmente marcha atrás renunciando a reducir el tipo de imposición para las rentas más altas.
Y esto lo ha hecho no porque haya recibido aviso alguno del BCE, «que no ha sido así», sino por la inestabilidad que ha provocado en los mercados, con la libra cayendo en picado, que le ha obligado a una compra masiva de deuda pública por valor de 60.000 millones de libras.
Fuentes del BCE también aseguran que en el caso de España, el Estado está teniendo unos ingresos extraordinarios elevadísimos como consecuencia de la inflación -podrían situarse en 30.000 millones a final de año- y que tampoco tendría nada que decir si se produjera una deflactación de la tarifa del impuesto de la renta, que aliviaría la carga fiscal que soportan los ciudadanos.
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