Barcelona vendió en Europa que todos los puertos españoles le apoyaban frente al Gobierno
Durante el periodo de elaboración del borrador del próximo reglamento europeo de puertos, la Autoridad Portuaria de Barcelona ha mantenido una postura contraria a la del Gobierno español y ha defendido la independencia de cada puerto para fijar por sí mismo las tasas. Además, ha transmitido a los encargados de redactar el proyecto y a otros responsables de la UE la idea de que todas las autoridades portuarias españolas compartían su punto de vista, según han denunciado a OKDIARIO fuentes portuarias.
Artur Mas nombró en 2011 al actual presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, el empresario y ex senador de CiU Sixte Cambra. Bajo su presidencia, el organismo ha hecho campaña para que cada puerto pueda fijar por si mismo las tasas que cobra, en vez de tener que adaptarse a la horquilla de máximos y mínimos que fija el Estado. Mantener este sistema es la postura que defiende el Gobierno ante el borrador de reforma presentado en el Parlamento Europeo por el socialdemócrata alemán Knut Fleckenstein.
Pero Barcelona no se ha limitado a defender una postura contraria a la del Gobierno español. Los responsables de su Autoridad Portuaria han transmitido ante los responsables comunitarios y los eurodiputados la idea de que el resto de las otras 27 autoridades portuarias existentes en España compartían su punto de vista. Fuentes de Puertos del Estado han dicho a OKDIARIO que este frente común ante el ejecutivo no existe y que el puerto de la Ciudad Condal va por libre.
Las fuentes señalan como uno de los máximos responsables de la campaña barcelonesa al subdirector general de Estrategia y Comercial del Puerto de Barcelona, Santiago Garcia-Milà. Este directivo preside la Organización de Puertos Europeos (ESPO, por sus siglas en inglés), que funciona como un influyente lobby para defender los intereses de este tipo de instalaciones ante las autoridades de la UE. Según las fuentes consultadas por este periódico, “en muchas ocasiones da la impresión de que Garcia-Milà utiliza su cargo en la ESPO para defender la postura de la Autoridad del Puerto de Barcelona y no para representar a la organización”. Llegan a acusarle de “intentar hacer creer que la postura de Barcelona es la del conjunto de los puertos europeos”.
Las autoridades españolas no desconocían estos movimientos de los responsables del portuarios de la Ciudad Condal e hicieron llegar al promotor de la reforma la postura del Gobierno y el resto de Autoridades Portuarias. Según ha podido saber OKDIARIO, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, escribió una carta al respecto a Knut Fleckenstein.
En su misiva, Llorca transmitió al eurodiputado alemán que todas las autoridades portuarias españolas coincidieron en dos encuentros mantenidos en la importancia de la existencia de un marco regulatorio común que garantiza el interés general de los puertos españoles y garantiza “un nivel de autonomía de las autoridades portuarias para establecer sus tasas portuarias”. El texto añade: “La única entidad que no compartió este punto de vista fue el Puerto de Barcelona”.
Aunque en España es el Estado el encargar de fijar las tasas, estas son flexibles y se establece una horquilla de horquilla de máximos y mínimos entre los que se pueden mover las autoridades portuarias a la hora de decidir qué cantidad establece en cada momento. Además, cada entidad puede establece exenciones en esas tasas para determinados tipos de barcos. En Barcelona, por ejemplo, se le aplica a los cruceros para atraer a este tipo de nave que genera muchos ingresos por turismo en la ciudad.
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