La Audiencia Nacional reabre la causa de Vitaldent: irá a juicio por el fraude de las clínicas

La Audiencia Nacional ha admitido el recurso de apelación de la acusación particular contra el archivo de la causa de Vitaldent, que ha reabierto para que pueda iniciarse el juicio oral contra el empresario uruguayo Ernesto Colman y medio centenar de personas por el presunto fraude de las clínicas de ese grupo, según el auto al que ha tenido acceso este diario.

Así, la sala deja sin efecto la decisión del juez Manuel García-Castellón que en octubre archivó una causa que comenzó en 2013 por una denuncia de los franquiciados de Vitaldent y por la que Colman pasó 15 meses en prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y apropiación indebida.

Pero la acusación particular que dirige el despacho Rafael Franco Abogados presentó un recurso de apelación contra ese archivo y ahora la Audiencia ha decidido admitirlo para que el caso pueda juzgarse.

Así, da la razón a los recurrentes y considera «atinados» los argumentos de las acusaciones al entender que existe una «concurrencia de sólidos indicios de comisión presuntamente delictiva derivados de la dinámica empresarial protagonizada por el entramado Vitaldent».

«En efecto -subraya el auto-, la larga investigación desarrollada ha significado originar un cúmulo de indicios sobre supuesta perpetración de hechos, posiblemente constitutivos de los tipos penales de pertenencia a organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales».

Otros países afectados

Anticorrupción ya aviso de que la supuesta trama llevaría actuando «con gran estabilidad y permanencia en el tiempo», al menos desde 2009, tanto en España como en otros países, entre los que menciona expresamente Países Bajos, Luxemburgo y Suiza, donde realizaría «operaciones ficticias que permitían a los investigados la posterior introducción en el circuito legal de los beneficios obtenidos con su actividad ilícita».

Para ello, el Ministerio Público relató que «se trasladaba el dinero, bien físicamente (por ejemplo, en noviembre de 2012 interceptan a otro de los investigados, Miguel García Álvarez, en salida a Andorra con 130.000 euros en efectivo sin declaración previa) o mediante operaciones ficticias, con facturación falsa y la utilización de entidades instrumentales» radicadas en España y en los citados países.