La Audiencia condena a ocho años al expresidente de Pescanova por el mayor fraude contable de la historia

La Audiencia nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, por el mayor fraude contable de la Historia de España (una deuda oculta de 2.600 millones que acabó en la mayor quiebra no inmobiliaria): las prácticas irregulares que puso en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y la manipulación de las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero. Asimismo, impone penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros 11 acusados de la excúpula de la compañía, y condena a la propia Pescanova y al auditor, BDO, que deberán hacer frente a una responsabilidad civil de 187 millones.

Los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven en la sentencia de 610 páginas a siete de los 19 acusados y condena a los otros 12 a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron «en concurso medial» y no pueden ser penados de manera independiente. Por otro lado, considera que Sousa-Faro y su esposa incurrieron el alzamiento de bienes al tratar de ocultar 4,5 millones de euros de su patrimonio.

Además de Fernández de Sousa, los principales condenados son los responsables de administración, Alfredo Pérez Uros, el financiero, dirigido por Antonio Taboas y determinados empleados de confianza como José Manuel Gil González o Ángel González  Domínguez.

Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera que se inició en 2008, el presidente de la entidad, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, seguir obteniendo financiación bancaria a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares de financiación.

Resultados ficticios, facturas falsas… y sin salvedades

Una vez obtenida esa financiación, se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores  y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”.

Entre los mecanismos ilícitos ideados por los condenados, el tribunal destaca las operaciones de comercio internacional con filiales de ultramar que permitió a Pescanova obtener financiación bancaria a través de “créditos documentarios” millonarios, a espaldas de las propias filiales y sin que sus cantidades coincidieran con los datos que aparecían en la contabilidad de Pescanova.

Además, los acusados crearon una serie de empresa ficticias, las denominadas “sociedades instrumentales” con las que también simularon operaciones de compraventa de pescado, lo que les permitió contratar pólizas de crédito y líneas de factoring que eran abonadas con pagarés que descontaban en los bancos, de forma que podían disponer de tesorería durante la vigencia de las financiaciones bancarias.

Esas operaciones de compraventa inexistentes se reflejaron en la contabilidad con conocimiento del auditor interno y ocultaron en gran medida el pasivo bancario, señala la Sala. A ello hay que añadir los continuos neteos (compensaciones de activos con pasivos y de créditos con deudas) y la falta del adecuado control por parte del responsable del auditor externo, Santiago Sañé Figueras, perteneciente a la firma BDO, que no puso salvedad alguna a la formulación de las cuentas. Todo ello motivó que, una vez publicados los buenos resultados elaborados ficticiamente por la entidad,  diferentes personas físicas y jurídicas invirtieran importantes sumas de dinero que perdieron como consecuencia de que «la realidad de la situación económica y financiera de Pescanova era muy distinta de la publicada en las cuentas». 

De ahí que Pescanova y BDO deban hacer frente de forma solidaria con el resto de condenados a indemnizaciones a varias sociedades perjudicadas por importe total de 186,6 millones (Mapfre tendrá que hacerse cargo de la parte de BDO hasta el límite que tuviera asegurado). Además, Pescanova y los condenados han de pagar otros 38,8 millones a Bankia y UBI Banca.

Un fraude en tres fases

Según explican los magistrados a lo largo de su sentencia, la primera fase de la estrategia llevada a cabo por los acusados consistió en la creación de las formas ilegales de financiación y la creación ficticia de una serie de operaciones comerciales de compraventa; estas operaciones serían las constitutivas de un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares.

En la segunda fase, en la que se desarrolla la financiación bancaria a través de líneas factoring o de pólizas de descuento bancario  se consumó el delito de estafa, para el que el de falseamiento era el medio. Los engañados por la sociedad eran los bancos y el mecanismo del engaño fueron las facturas, “transformadas en remesas de facturas supuestamente vinculadas a unos inexistentes contratos de compraventa de pescado”.

A partir de ahí, la tercera fase consistió en trasladar a las cuentas anuales una imagen con beneficios y con poca deuda financiera, “muy distinta a la real, que se transmitió perfectamente al público en general y a los inversores en particular”. Una vez conseguida esa buena imagen irreal, se trataba de captar inversores que permitieran a Pescanova gozar de una situación financiera más relajada que la propia de la financiación bancaria.

En esta tercera fase el tribunal concluye que también se produce una relación concursal medial entre el delito de falseamiento de las cuentas anuales y el de falseamiento de la información económica y financiera. Por ello, al expresidente de Pescanova solo se le impone una pena de seis años por falsedad en documento mercantil cometido por particulares, estafa agravad, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera.

Intento de esconder dinero en Hong Kong

La sentencia considera acreditado que el presidente de Pescanova y su esposa, Rosario Andrade, sacaron cuatro millones y medio de euros de las cuentas de España e ingresaron el dinero en dos entidades bancarias de la localidad portuguesa de Valença, después de que se conociera que las cuentas no reflejaban la situación real de Pescanova y se hubieran presentado las primeras querellas, y que trataron de transferir el dinero a una cuenta previamente abierta en Hong-Kong.

El matrimonio reconoció estos movimientos en el juicio, pero negó su carácter delictivo puesto que su intención no era ocultar patrimonio a los inversores de Pescanova, sino poder utilizar su patrimonio a la vista de los inconvenientes derivados de la situación económica de la sociedad. El tribunal discrepa de ellos y condena por alzamiento de bienes a otros dos años a Fernández de Sousa-Faro y a un año a Andrade.