España destruye 86.000 pymes durante la pandemia pero hay 60 grandes empresas más

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de noviembre fueron, una vez más, algo mejores de lo que se esperaba. Otra vez hay más de 19 millones de afiliados (lo que no ocurría desde marzo). Aunque es un 1,8% menos que un año antes (equivale a la pérdida de 354.900 empleos), el ritmo de destrucción de puestos de trabajo es el más suave en ocho meses (llegó a ser de 4,6% en mayo y junio).

Incluso, uno de los cuatro grandes sectores presentó un aumento del empleo. Fue el sector agropecuario que, luego de trece meses consecutivos destruyendo puestos de trabajo, logró un incremento interanual de 0,9%. Allí se terminan las buenas noticias.

Desde hace ya ocho meses, el número de parados sube a un ritmo de más del 20% interanual (20,4% en noviembre), cosa que no ocurría desde enero de 2010, en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Por segundo mes consecutivo hay más de 3,8 millones de personas sin empleo. Dentro de esos números globales, hay segmentos del mercado de trabajo con registros mucho peores. En el caso de los menores de 25 años, el paro ha crecido más del 35% interanual durante siete meses (+37,7% el mes pasado). Lo mismo ocurre entre los inmigrantes, cuyo número de desocupados aumentó 38,4% interanual en noviembre. Los inmigrantes encadenan 14 meses sufriendo una subida del paro.

ERTE

Hay 746.900 asalariados en ERTE (147.600 más que hace un mes). Eso implica que 1 de cada 20 asalariados está en tal situación. Una proporción que es aún mayor en el sector del transporte (6,3% de sus asalariados) y en la hostelería (32,3% en ERTE).

El de los ERTEs no es el único «dopaje» de las estadísticas laborales (recordemos que las personas en esa situación cuentan como “ocupados”). Hay otro muy significativo, que es el empleo público. En los últimos 12 meses, las Administraciones Públicas contrataron 137.700 personas (+5,4%), al mismo tiempo que el sector privado perdía 492.600 empleos (-2,9%).

Sin ambos “dopajes”, el aspecto del mercado de trabajo sería mucho peor: si las administraciones públicas tuvieran el mismo número de asalariados que hace un año y si excluyéramos a quienes están en ERTE del colectivo de ocupados, ahora habría 18,1 millones de ocupados (885.000 menos de los que muestran los datos oficiales). La caída interanual del empleo sería del 6,4% y no del 1,8%.

Estos datos muestran la disociación que hay entre la gente normal y los políticos. En primer lugar, estos no han tenido siquiera el gesto de reducirse ni un 1% sus remuneraciones, al tiempo que el salario medio ha caído un 11% interanual (la mayor caída en más de un siglo) y el paro se ha disparado. Además, la contratación desenfrenada de empleados públicos revela su capacidad de crear grupos de privilegiados y también su despreocupación por la mala situación del sector privado, que es el que con sus impuestos paga todo el gasto público.

El número de empresas sigue cayendo, haciendo cada vez más difícil mantener los puestos de trabajo. Ahora hay 86.000 firmas menos que hace un año (caída de 5,7%). Las empresas más pequeñas sufren más: el número de las que tienen un solo trabajador cae 9,7%, mientras que el de aquellas que cuentan con entre 6 y 50 trabajadores disminuye un 3,9%. En cambio, las que tienen más de 500 trabajadores han crecido: hay 60 empresas más (+2,5%). Otra muestra de que los socialistas siempre consiguen lo contrario de lo que prometen: dicen querer favorecer a autónomos y pequeñas empresas, pero estas cierran mientras solo se expanden las firmas más grandes.

La situación del mercado laboral sigue siendo delicadísima. La mejoría que insinúan los datos de noviembre tiene mucha menos fuerza de lo que parece y aún no podemos ver la luz al final del túnel. Tampoco contamos con un plan de recuperación. Solo se ha decidido que el gobierno gaste lo que no tiene, a la espera de poder gastar aún más cuando llegue el dinero europeo. Ya deberíamos haber aprendido que la historia del aumento del gasto público siempre termina mal.