Así está bloqueando la ecologista Ribera la puesta a punto de la red eléctrica para las emisiones cero

La patronal Eurelectric, que agrupa a las principales empresas del sector energético de la Unión Europea, acusa al Gobierno de Sánchez, y en concreto a su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera -una declarada activista medio ambiental-, de imponer una regulación que impide de hecho alcanzar los objetivos de emisiones cero -recogidos bajo la denominación a escala mundial Net Zero- a través de la mejora de la red de conexión eléctrica.

Las grandes compañías llevan tiempo demandando a los países miembros políticas para facilitar las inversiones en la mejora de las redes de conexión, que son clave para cumplir con los objetivos de descarbonización del sistema productivo. En un nuevo informe, la patronal Eurelectric ha analizado los marcos regulatorios de varios países, entre ellos España, e identifica los obstáculos que están impidiendo la puesta a punto de la red. Además, pide que se permita a las distribuidoras realizar “inversiones anticipadas”, concepto que reconoce la reforma del mercado eléctrico de la UE y el «plan de acción» sobre el desarrollo de las redes.

En el caso particular de España, Eurelectric recuerda que «existe un tope de inversión anual que se aplica a las empresas eléctricas de red, prohibiendo cualquier inyección de capital que exceda un porcentaje predefinido del PIB del año anterior». También señala que el Gobierno presidido en su día por José María Aznar -cuando apenas había debate sobre la necesidad de avanzar hacia las energías limpias- estableció en 2013 un límite anual a la inversión en redes de distribución, responsabilidad de las eléctricas, del 0,13% del PIB —2.000 millones—; y del 0,065% en transporte, responsabilidad de Red Eléctrica, equivalente a 1.000 millones.

El grave problema, según Eurelectric, es que el Gobierno de Sánchez, que presume de activismo ecológico, que ha aprobado un calendario de cierre escalonado pero inamovible de las centrales nucleares -a la contra de la tendencia de sigue la mayoría de los países del resto del mundo-, y que es uno de los más retrasados en la implantación del coche eléctrico -por falta de incentivos fiscales y de ayudas de diversa clase a los productores de automóviles- tampoco está haciendo nada por estimular la inversión en redes, una circunstancia crucial para facilitar la descarbonización de la economía.  

En el caso de España, “los planes de inversión que superan el límite asignado son rechazados, y si la inversión real ejecutada excede el límite asignado, la distribuidora será penalizada con un tope más bajo para los años siguientes, además de una reducción en la remuneración final del año excedido”, agrega la patronal. Eurelectric también afea en su informe que el regulador español «experimenta con frecuencia retrasos en la notificación de la aprobación de los planes de inversión presentados, hasta el punto de que las inversiones se llevan a cabo antes de que la distribuidora reciba la luz verde defintiva a su aprobación”.

En palabras de Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric, “el coste de la inacción para la sociedad será mucho mayor que el de invertir temporalmente a un nivel más alto para garantizar que nuestra red pueda brindar todos los servicios necesarios a la sociedad en una economía descarbonizada”. A juicio de la patronal, “las inversiones en la red no pueden retrasarse en un momento en que la UE está llamando a la electrificación para alcanzar el 50 % del consumo final de energía para 2040”.

Según el análisis de Eurelectric, los marcos regulatorios existentes «en varios países europeos, incluidos España, Rumanía, Portugal y los Países Bajos, también tienden a restringir las inversiones en redes de distribución para el futuro debido a la influencia perversa de las tarifas actuales de la red”. En el caso español, Eurelectric lamenta igualmente que “existe una ausencia total de normas que regulen la ejecución de las inspecciones de inversiones por parte del regulador, lo que da lugar a decisiones arbitrarias contra las que no cabe recurso, salvo a través de los tribunales de justicia”.

Asimismo, el informe señala que, en España, la limitada capacidad de la red supone un reto para los usuarios, actuales o nuevos, que solicitan conexiones adicionales. “Cuando los nuevos usuarios solicitan una conexión en una zona con capacidad insuficiente, se les da la opción de pagar el refuerzo necesario de la red o de conectarse a otra zona con capacidad disponible sin coste adicional. Sin embargo, a menudo surgen disputas en estas situaciones, ya que los usuarios de la red impugnan los informes que indican la falta de capacidad disponible”, explica.

La patronal añade que “la reubicación de las conexiones no suele considerarse la solución preferida. En consecuencia, muchos usuarios de la red se ven obligados a financiar el refuerzo necesario, que a menudo tarda años en completarse. Si los gestores de redes de distribución y los gestores de redes de transporte anticiparan estas inversiones, se podría ampliar la capacidad, reduciendo así los retrasos en las conexiones de los clientes de la red y sus cargas financieras asociadas”, explica. Actualmente, la mayoría de los problemas se encuentran en la falta de capacidad para conectar la nueva demanda, como cargadores de vehículos eléctricos, centros de datos y electrolizadores.