Economía
ANTIGUAS CAJAS DE AHORRO

Antonio Pulido presume de agenda cultural mientras esconde las cuentas de la Fundación Cajasol

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ejerce de mecenas cultural, social y pedagógico en Sevilla y buena parte de Andalucía mientras mantiene el mayor de los secretos respecto a su gestión económica de la misma, después de casi 14 años al frente (fue designado presidente en abril de 2009). La Fundación andaluza cumple stricto sensu los requerimientos de información en su página web y su memoria que, en lugar de informar también de la evolución económico-financiera de la Fundación, queda relegada a un mero catálogo de actividades. La Fundación es propietaria del 1% de las acciones de CaixaBank y de un apetecido patrimonio inmobiliario en varias capitales andaluzas.

No se habla en ninguna de las memorias de las fuentes de financiación de la Fundación Cajasol, que cuenta en su cartera con una participación del 1% de CaixaBank, que le aporta importantes ingresos anuales por dividendos, además de un gran patrimonio inmobiliario muy apetecido en varias capitales andaluzas como Córdoba, Huelva, Jerez (Cádiz) o Almería, así como en la propia Sevilla.

De hecho, la sede de CaixaBank en Andalucía está situada en la Real Audiencia de los Grados de Sevilla, al final de la sevillana calle de Sierpes junto a la céntrica plaza de San Francisco. El alquiler de los cerca de 30.000 metros cuadrados de este edificio asegura a la Fundación unos ingresos estables pero ocultados.

La valoración de estos activos y lo que aportan a la entidad que preside Antonio Pulido se desconocen por completo dado que, incluso, el acceso público al Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía mantiene las cuentas de la Fundación reservadas.

No obstante, la participación del 1% en CaixaBank que la entidad financiera cedió a la Fundación Cajasol para asegurar su buena marcha, es su principal partida de ingresos. Según los balances del banco valenciano, en 2021 distribuyó 1.179 millones de euros en dividendos; eso supuso unos ingresos para la organización que preside Antonio Pulido de 11,79 millones de euros. Si la junta general del banco aprueba este año el dividendo previsto (1.730 millones), la Fundación Cajasol se embolsará otros 17,3 millones. Una respetable cantidad cuya publicidad sería más que deseable.

El «balance económico» del ejercicio 2021, el único disponible hasta la fecha, habla de 8,65 millones de euros en «Inversión» (el 43% del balance) y algo más de 1,17 millones en «Amortizaciones» (el 5,76% del total). El conjunto del balance de la Fundación Cajasol, al cierre de 2021 era de 20,34 millones de euros. De esa cifra, el 51,71% entra en el epígrafe «Gastos actividades»; más de 10,5 millones que se distribuyen entre «Acción Cultural» (41,29%), el «Emprendimiento y fomento económico» (16,77%) y «Otros gastos» que absorben el 11,85% del balance y que equivalen a más de 2,41 millones de euros; prácticamente el doble de las amortizaciones realizadas en el ejercicio. Destaca la partida de «Acción Social» (30,08% del total), que incluye 1,5 millones de euros de la obra social conjunta que la Fundación Cajasol desarrolla con la Fundación La Caixa.

Blindaje estatutario

Constituida en 2009, la única modificación estatutaria que consta se produjo en 2015. Después de eso, Antonio Pulido goza de un verdadero blindaje frente a cualquier tipo de influencia externa o intento de que le muevan la silla. El presidente es el único que cobra un sueldo de todo el patronato; el resto de los miembros se contentan con acceder a un puesto de mucho prestigio que les abre todo tipo de puertas en Sevilla y buena parte de Andalucía.

Los estatutos prohíben que puedan ser patronos políticos en activo o que hayan tenido algún cargo público hasta dos años antes. Y para entrar en el Patronato de la Fundación, hay que tener la aquiescencia del presidente. Que resulta una curiosa manera de cerrar años de buenas relaciones de Pulido con todos los Gobiernos socialistas andaluces.

Según los Estatutos, el patronato estará formado por entre tres y quince miembros. En la actualidad, según la web oficial de la organización, el Patronato rector de la misma está formado por nueve miembros (incluido el presidente), además de un secretario y una vicesecretaria, que no cuentan con la condición de patronos.

Los patronos actuales son: Juan Manuel Barrios Blázquez, Francisco Javier Domínguez Mora, Teresa Infante Nieto, Isabel de León Borrero, Jesús Medina Ocaña, Mercedes Molina Montes, Juan Antonio Peralta Arrabal y Guillermo Sierra Molina.

Representación a medida

Si bien el Patronato incluye a dos miembros designados de las diputaciones de Huelva y Sevilla como entidades fundadoras (El Monte y Caja San Fernando, luego fusionadas) no hay ningún representante de la antigua Caja de Guadalajara que Cajasol (creadora de la fundación que preside Pulido) absorbió en 2010 antes de su fusión con Banca Cívica (Caja de Burgos, CajaCanarias y Caja Navarra). La gran dimensión que la caja andaluza había conseguido hizo que la sede de Banca Cívica cambiara a Sevilla.

Buena parte de ese tamaño vino tras la fusión con Caja de Guadalajara. Cajasol se comprometió a crear una Fundación para esa provincia castellano-manchega durante las negociaciones para cerrar su integración; pero eso nunca sucedió.

Tanto es así que, ocho años más tarde (2018), el entonces diputado del PP, Ramón Aguirre reclamaba al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que presentara una reclamación a la Junta de Andalucía por los 15 millones de euros que -según sus cálculos- dejó de percibir la provincia alcarreña por no haberse creado la prometida Fundación Caja de Guadalajara.

Pulido, por tanto, se aseguraba de no diluir -tampoco geográficamente- la influencia sobre el Patronato de la Fundación. El presidente es elegido por los patronos. Y, salvo la excepción de los representantes de las diputaciones sevillana y onubense, todos son nombrados a propuesta del presidente. La mayoría absoluta de votos y la unanimidad de los apoyos están aseguradas durante los seis años de mandato de sus miembros. La fiscalización de sus cuentas se queda, en cambio, para los órganos administrativos de la Junta de Andalucía que, hasta ahora, guardan bajo llave todos los preceptivos informes de la Fundación y los de su fiscalización pública.