¿Saqueo o error de gestión? La Audiencia juzgará el pleito entre Salazar y Deóleo 13 años después

La Audiencia Nacional ha fechado para el próximo 10 de enero de 2020 el inicio del juicio a los hermanos Jesús y Jaime Salazar, por el cual la multinacional aceitera Deóleo les reclama 250 millones de euros y el juez Fernando Andreu les acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, manipulación del mercado y apropiación indebida. Más de doce años habrán pasado desde la comisión de las supuestas prácticas ilegales que se juzgarán y más de once desde la querella que dio origen al procedimiento. De hecho en agosto del 16 Andreu decretó el fin de la instrucción, pero el señalamiento de la fecha del juicio ha tardado casi tres años más en producirse.

A pesar de los distintos delitos de los que los hermanos Salazar tendrán que defenderse, entre ellos no figurará el delito fiscal, pues la propia Agencia Tributaria rechaza este delito en un informe. No obstante Fiscalía pide 30 años de cárcel y 240 millones de responsabilidad civil a los investigados.

Un complejo entramado

Sólo los más viejos del lugar quizá recuerden el caso que enfrentó a Jesús Salazar con la que fue su empresa SOS Cuétara, en una batalla por el poder del grupo alimentario donde tampoco faltó el fallecido expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, quien laminó a Salazar que fue destituido de la presidencia en mayo de 2009.

Cuando Salazar fue destituido por Blesa, que junto a las cajas andaluzas ostentaba la mayoría del capital de SOS, los nuevos gestores de la compañía detectaron una serie de desajustes contables en los que estimaron la falta de 250 millones de euros. Deóleo -la empresa heredera de SOS que vale 78 millones de euros a los precios actuales tras perder el 95% de su valor- cree que la restitución de esta cantidad salvaría a la compañía. Sin embargo, fuentes próximas a los Salazar aseguran que no disponen de ese dinero.

¿Dónde están los más de 200 millones? Según la versión próxima a Salazar, lo que SOS (luego Deóleo) asegura que fue un desfalco fue en realidad una operación para financiar a la empresa mediante un ‘aparcamiento’ de acciones a través de sociedades dependientes de los Salazar que se encargaban de comprar autocartera, que por ley no puede superar el 5% del capital de una compañía.

El objetivo del aparcamiento de acciones que Salazar asegura haber hecho era vender casi un tercio de SOS a un fondo de Libia interesado en entrar en su negocio

El objetivo era vender estas acciones a un fondo soberano de Libia, con el que el directivo de SOS Daniel Klein -directivo suizo de SOS y luego de Deóleo que apenas ha abandonado su cargo en el consejo en abril de este año- había firmado un acuerdo para la adquisición del 29,99% del capital de SOS, que posteriormente fue ratificado por el consejo de administración de SOS Cuétara.

Era la época del último Muamar el Gadafi -empezaba a tener problemas en su gobierno, hasta ser asesinado en 2011- y según dice el hijo de industriales vascos, los norteafricanos no cumplieron su parte del acuerdo, pasando a no responder a los requerimientos de SOS cuando se les solicitó ejecutar definitivamente la compra de acciones que habían acordado tras el aparcamiento de títulos en Cordon Plus y en Unión de Capitales, S.L., a donde se mandaban los títulos.

Informe de Hacienda

Desde el entorno de Salazar se esgrime un informe de la Agencia Tributaria, que estuvo durante varios años analizando la operación por la cual Salazar había realizado transferencias para enviar dinero de la compañía (a través de Condor Plus que luego lo enviaba a Unión de Capitales, S.L., propiedad de un fondo luxemburgués propiedad de Salazar) para comprar acciones de SOS. Esto era una forma de comprar autocartera sin que se pudiera ver, ya que una empresa no puede tener más de un 5% de autocartera.

Hacienda dice después de analizar estas operaciones -que califica de operaciones con «puntos muy oscuros en las relaciones de alguna de las sociedades con otras sociedades residentes en el extranjero»- que no hay delito fiscal, ya que el objeto de este movimiento «no se observan incumplimientos de los que pudieran derivarse cuotas tributarias».

De hecho, según indica el informe el objetivo de las operaciones fue financiar a SOS, lo que esgrime la defensa de los Salazar como uno de los argumentos más grandes por el cual no se llevaron el dinero del que se les acusa.

Además de ello, Hacienda también considera que Salazar compró acciones por el mismo importe de fondos trasladados, que había mas importe en garantía que los fondos entregados y, en definitiva, que se trata de operaciones de financiación de SOS.

¿Dónde está entonces el dinero? Según el entorno del industrial aceitero, -que desde su marcha de SOS y el inicio de los procedimientos legales hace más de una década lamenta no haber podido volver a hacer negocios en España por el dado reputacional que se le ha hecho- el dinero se quedó aparcado en acciones de SOS.

Y se volatilizó en los siguientes meses sin que ninguno de los nuevos gestores de SOS -singularmente Mariano Pérez Claver, nuevo presidente de Deóleo colocados por Miguel Blesa- lo recuperara, porque las acciones de la empresa iniciaron un desplome que hizo que perdieran casi todo su valor. Pérez Claver, condenado posteriormente por las tarjetas black, no pasaba por ser un gran conocedor del sector alimentario.

Cuando se realizó el aparcamiento de acciones, los títulos de SOS Cuétara valían 14 euros. Dos años después valían menos de un euro y ahora sólo valen 6 céntimos. Los inversores lo han perdido todo

Y es que durante 2008 las acciones de SOS Cuétara llegaron a valer 14 euros por título, mientras Salazar compraba Bertolli y Carapelli, dos marcas italianas con un fortísimo tirón en Estados Unidos, por 630 millones de euros. El sobreendeudamiento al que tuvo que someterse SOS Cuétara por adquirir esas enseñas castigó y aún castiga más de una década después a su heredero, Deóleo.

En 2010 las acciones de Deóleo cayeron por debajo de un euro, valor que nunca han recuperado. Hoy cada título apenas vale 6 céntimos y los inversores lo han perdido todo, volatilizándose también los más de 200 millones con los que Salazar compró acciones de la empresa a través de Condor Plus y de Unión de Capitales, en una operación que desde su defensa se atribuye a una mala gestión y en ningún caso a un saqueo.

¿Y los otros delitos?

Desde la acusación de Deóleo se argumenta, no obstante, que si bien la AEAT dice que no hay delito fiscal, en ningún caso se pronuncia sobre los otros delitos por los que los hermanos Salazar se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional (blanqueo de capitales, estafa, delito societario y alzamiento de bienes).

En Deóleo recuerdan que los tribunales ya condenaron a los Salazar por dar como probado cosas que ahora se van a juzgar por lo penal. Concretamente se esgrime la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número de 10 de Madrid que condenó a Salazar a indemnizar con 92 millones a BFA-Bankia «por alterar las cuentas del grupo SOS y encarecer su entrada en el capital». El juez mercantil decía que «la cotización de SOS estaba inflada porque reflejaba beneficios que no eran reales» cuando el Caja Madrid de Blesa decidió entrar a controlar la gestión del grupo.

La sentencia calificó de «negligente» la gestión de Jesús Salazar y su hermano. No obstante, esta sentencia no condiciona para nada el desarrollo penal que se produzca en la Audiencia Nacional, que iniciará el juicio a principios del año 2020.