Cebrián, Ron, Álvarez-Pallete y Benjumea: los ex presidentes que se forraron mientras sus accionistas perdían miles de millones
Cuatro mandatos, cuatro compañías y un mismo desenlace: ninguno de ellos salió peor de lo que entró y casi todo fue legal
Los datos son públicos: están en los informes anuales de remuneraciones que las cotizadas remiten a la CNMV. Basta ponerlos al lado de la cotización. Cuatro nombres, cuatro compañías y un mismo arco temporal —entre 2004 y 2025— con idéntico desenlace: el accionista perdió, el presidente cobró. Son cuatro de los mayores episodios de destrucción de valor bursátil para el accionista minoritario en la España cotizada de las dos últimas décadas.
Cebrián: 9,3 millones en el tramo en que PRISA perdió el 90% de su valor
El ex presidente de PRISA Juan Luis Cebrián dirigió el grupo desde 1988, primero como consejero delegado y, entre julio de 2012 y diciembre de 2017, como presidente ejecutivo. Casi tres décadas en la cúpula. Sacó la compañía a Bolsa en el año 2000 con una valoración de 4.551 millones de euros. Cuando dejó la presidencia ejecutiva, la capitalización había caído más de un 90%.
Por el camino, el grupo que él dirigía tuvo que desprenderse de sus activos estratégicos -Digital+, parte de Santillana-, encadenar reestructuraciones financieras para soportar su endeudamiento y reducir drásticamente su plantilla. El primer grupo de comunicación en español dejó de serlo bajo su mandato.
Entre julio de 2012 y diciembre de 2017, como presidente ejecutivo, Cebrián percibió en torno a 9,3 millones de euros. Al terminar su contrato, tenía reconocido, además, un complemento de jubilación de 6 millones. Y en 2011, siendo consejero delegado, cobró una retribución extraordinaria que distintas fuentes situaron entre 11 y 13,6 millones. Su pico retributivo coincidió con el tramo de mayor deterioro para quienes habían comprado sus acciones.
Ron: 1,5 millones en 2016 y un banco que cuatro meses después valía un euro
El ex presidente del Banco Popular, Ángel Ron, dirigió la entidad durante doce años y cuatro meses: desde octubre de 2004 —como presidente ejecutivo junto a Javier Valls hasta 2006, y en solitario después— hasta el 20 de febrero de 2017. La entidad rozó los 20.000 millones de euros de capitalización en 2007 y valía unos 3.000 millones cuando él la dejó, en febrero de 2017.
Ese último año completo bajo su presidencia, 2016, percibió una retribución total aproximada de 1,5 millones de euros. Su salida quedó asociada a compromisos y compensaciones valorados periodísticamente en unos 24 millones, entre ellos una indemnización de 12,8 millones que finalmente no llegó a cobrar.
Cuatro meses después de su marcha, en junio de 2017, el Banco Central Europeo declaró la entidad inviable, la Junta Única de Resolución la intervino y fue vendida al Santander por un euro. La resolución amortizó la totalidad de las acciones y de determinados instrumentos de capital. Cientos de miles de accionistas —muchos de ellos clientes y empleados del propio banco— lo perdieron todo. Él, no.
Álvarez-Pallete: se fue con 44,5 millones tras dejar Telefónica un 52% por debajo
El ex presidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete llegó a la presidencia en abril de 2016 y la dejó en enero de 2025: ocho años y nueve meses. Pero su responsabilidad ejecutiva arranca antes, porque era consejero delegado de la compañía desde septiembre de 2012. Cuando asumió la presidencia, la compañía capitalizaba unos 46.000 millones de euros. Cuando la abandonó, en enero de 2025, valía alrededor de 22.000 millones. 24.000 millones de euros menos. Un 52%.
En su último ejercicio completo al frente de la teleco, 2024, percibió más de 9,6 millones de euros: un 52,67% más que el año anterior. En el mismo periodo en que su retribución crecía un 52%, el valor acumulado de la compañía que presidía había caído otro tanto.
El conjunto de compromisos vinculados a su salida se ha cifrado en 44,5 millones de euros. Junto a los 33,8 del ex consejero delegado Ángel Vilá, el relevo de la cúpula superó los 78 millones. No fue sólo la prensa quien lo cuestionó: el asesor de voto internacional Institutional Shareholder Services (ISS), cuyo criterio siguen buena parte de los fondos institucionales, recomendó votar en contra del informe de retribuciones precisamente por esas cifras. Mientras tanto, Telefónica recortaba dividendo, vendía activos y ejecutaba planes de ajuste sobre su plantilla.
Benjumea: cobró 11,4 millones 60 días antes de llevar Abengoa al preconcurso
El ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea estuvo 24 años al frente de la compañía: desde 1991 hasta septiembre de 2015. La compañía había alcanzado en 2014 su máxima capitalización, unos 4.000 millones de euros, cotizando en el IBEX 35.
Su salida de la presidencia ejecutiva se formalizó con una indemnización por cese anticipado de 11,4 millones de euros; el entonces consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, percibió 4,5 millones por un pacto de no competencia. Dos meses después, el 24 de noviembre, Abengoa solicitaba el preconcurso de acreedores con un pasivo de 27.356 millones. Al reanudarse la cotización, la acción se hundió más del 70%. En julio de 2017 valía un céntimo. En febrero de 2021, la compañía declaraba la insolvencia: la segunda mayor quiebra empresarial de la historia de España.
Benjumea no era un gestor contratado, sino el accionista de referencia a través del vehículo familiar. Perdió también su patrimonio. Pero lo perdió después de haber convertido 11,4 millones en efectivo cobrado, mientras los minoritarios se quedaban con títulos a un céntimo. Esa es la diferencia entre asumir el riesgo y salir de él a tiempo.
¿Fue ilegal? No. La Audiencia Nacional le absolvió en enero de 2018, junto a Sánchez Ortega y a los consejeros de la comisión de nombramientos: concluyó que las cantidades percibidas se ajustaban a la normativa legal y contractual existente. Y ahí está exactamente el problema.
El punto ciego
Ninguno de estos pagos fue un fraude. Todos fueron aprobados por consejos de administración, refrendados por comisiones de nombramientos y retribuciones, informados a la CNMV y, en la mayoría de los casos, votados en junta. El sistema funcionó como estaba diseñado. Lo que falla es el diseño.
El supervisor suizo FINMA lo formuló con crudeza al analizar el colapso de Credit Suisse: durante una década se pagaron sumas elevadas de retribución variable que, con el tiempo, equivalían de facto a un salario fijo. Retribución variable que no varía. Incentivos que premian el corto plazo y blindajes que garantizan el cobro con independencia del resultado.
La corrección no exige refundar el capitalismo: voto vinculante y efectivo sobre las retribuciones, cláusulas malus y claw-back que se apliquen de verdad sobre el diferido, y publicación obligatoria de la retribución del primer ejecutivo junto al retorno total del accionista en el mismo periodo, en la misma página.
Pagar muy bien a quien crea valor es una buena práctica. Pagar muy bien a quien lo destruye no es un exceso moral: es una transferencia de riqueza desde el accionista hacia el gestor. Y mientras siga siendo legal, seguirá ocurriendo.