Los alcaldes de 31 grandes ciudades españolas se ‘plantan’ ante el abandono de Hacienda

Los alcaldes de treinta y una grandes ciudades españolas se han puesto en pie de guerra contra los planes para los ayuntamientos pactados por el Gobierno con la Federación de Municipios y Provincias (Femp). En un comunicado conjunto firmado por los primeros ediles de ciudades de todo el territorio nacional como Madrid, Zaragoza, Girona, Santander, Valencia o Murcia, denuncian la asfixia financiera a la que le está sometiendo el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.

En primer lugar, en el comunicado conjunto, remarcan «el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera».

En segundo lugar, explica que «el esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales -de duración desconocida- que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita». «Los ayuntamientos necesitamos imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-COVID que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía. Las necesitamos ya para poder ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario», remachan.

El acuerdo de la Femp y Montero vulnera el «principio de igualdad»

Además, se oponen al «acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda por ser injusto y vulnerar el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos». «Ese acuerdo vulnera la autonomía financiera de las entidades locales y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado», recalcan. «Los criterios acordados para la distribución de esos fondos no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros», alertan.

Asimismo, denuncian que «el decreto que recoge ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda no cuenta con mayoría suficiente para ser convalidado en el Congreso». «La propuesta del Gobierno central de tramitarlo como proyecto de ley es inaceptable. Eso supondría insistir en un enorme error y, además, retrasar las medidas que pudieran aprobarse más allá del presente año», cuestionan.

Nuevo proceso de diálogo

Estos alcaldes de 31 ciudades y municipios españoles exigen «la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio de Hacienda que llevamos semanas reclamando las entidades locales para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España».

Quieren que la negociación «debe basarse en los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP el pasado 2 de abril para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo ‘incondicionado’ de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público». «Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica», apuntan.

Consideran estos primeros ediles que sí hay acuerdo político para crear «un fondo estatal ‘incondicionado’ de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y otro específico para la financiación del transporte municipal» y para ampliar «el plazo de las inversiones financieras sostenibles y la eliminación de la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos para 2020 y 2021».

Remanentes acumulados en los últimos años

También reclaman que «los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades». «Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos», apuntan.

Los firmantes han sido los alcaldes de Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza.