Hacienda trampeó un contrato para dárselo a los hijos del exsenador del PP Manuel Jaén Palacios

La Delegación Especial de la Agencia Tributaria en las Islas Baleares fraccionó en tres sucesivos contratos, adjudicados en 2013 y 2014, las obras de reforma de sus instalaciones en la ciudad menorquina de Mahón por casi 530.000 euros. Todas las adjudicaciones fueron concedidas a una sola empresa, Antonio Gomila SA, de la que eran apoderados dos hijos de un histórico dirigente del PP en Baleares. Se trata de Pablo y Carlos Jaén Mercadal. Su padre es Manuel Jaén Palacios, que llegó a ocupar escaños de forma simultánea en el Consejo Insular de Menorca, el Parlamento autonómico y el Senado durante cuatro años.

La trayectoria de Jaén Palacios en el Consejo Insular comenzó en 1983 y terminó en 2003. Desde septiembre de 1991 y hasta 1995 fue además vicepresidente de esa institución. En el legislativo balear, fue portavoz del PP durante dos legislaturas (de 1987 a 1995) y diputado hasta 1999. Ocupó su escaño en el Senado en julio de 1995 y lo mantuvo hasta agosto de 1999. En 2003 fue nombrado delegado del Gobierno de Baleares en Bruselas, cargo que ocupó hasta 2007.

El Tribunal de Cuentas no ve justificación

El primero de los contratos se adjudicó  a Antonio Gomila el 24 de septiembre de 2013, por 165.000 euros. El segundo, por la misma cifra, se formalizó el 28 de marzo de 2014. La formalización del tercero, por 199.000 euros, tuvo lugar el 11 de septiembre de 2014. De haberse adjudicado las obras en un sólo contrato, se hubiera tenido que abrir un proceso negociado con publicidad. Esto hubiera significado que la Agencia Tributaria hubiera tenido que pedir ofertas al menos a tres compañías diferentes. Al dividirlo, pudo adjudicarlo mediante proceso negociado sin publicidad.

En su Informe de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de los ejercicios 2013 y 2014, el Tribunal de Cuentas destaca que “no existe informe o memoria alguna” que justifique el fraccionamiento del contrato. Añade que esto “privó de publicidad al proceso de licitación”.

Gasto inflado sin justificación

El coste final de las obras fue incluso superior a los casi 530.000 euros iniciales, debido a los incrementos de los gastos facturados por la empresa constructora en dos de los tres contratos. En uno de ellos, el aumento fue del 7,7% y, en opinión del Tribunal de Cuentas, está debidamente justificado. En otro de ellos, el primero de los adjudicados en 2014, no ocurre lo mismo.

El informe del organismo fiscalizador señala que aunque la adjudicación era de 160.000 euros, se pagó un 10% más, hasta 176.000 euros  “sin que la certificación final identifique las unidades a las que resulta imputable el exceso”. Esto, señala el Tribunal de Cuentas, incumple “las previsiones contenidas” en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.