Los afectados del Popular critican el retraso del juez Andreu en iniciar la investigación: “Es totalmente anormal”

Los afectados por la decisión del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob) de proceder a la intervención y resolución del Banco Popular  consideran que el retraso en la publicación del auto de admisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu «no es normal» y añaden que Deloitte deberá hacer público el informe definitivo de valoración.

«No lo entendemos. Se presentó la querella el 9 de junio, no es normal. No recuerdo ningún caso últimamente en el que el auto de admisión tarde tanto. No sé si es para darle espacio al Santander para recoger a toda la gente de la ampliación», señala el abogado Felipe Izquierdo.

«Se trata de un retraso anormal porque no existe ninguna razón especial. Estamos hablando de un auto de admisión y luego ya empezará la instrucción, pero es el primer paso», denuncia Izquierdo, que presentó el pasado 9 de junio junto a la OCU una querella contra la cúpula del Popular.

Los abogados de los afectados esperan que la auditora Deloitte entregue a la Junta Única de Resolución (JUR) el informe definitivo de valoración de la entidad financiera. Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO el organismo europeo no ha solicitado a la firma de servicios profesionales que haga este informe y da por concluido por ahora el trabajo de Deloitte con la entrega de la valoración provisional que le sirvió para justificar la intervención del banco español que presidía Emilio Saracho.

En ese sentido, Izquierdo considera que al  menos la presentación del informe provisional es inevitable: «Ya está solicitado, pero es que todavía no tenemos ni el auto. Hemos pedido al juez que requiera a Deloitte el informe y es la vía más rápida, porque la compañía no se puede negar. Como mucho, puede retrasar la entrega escudándose en que el informe no lo ha hecho Deloitte España sino otra división. De todas formas, será parcial, porque el definitivo se desconoce si existe».

Fuentes del Ministerio de Economía que han visto el documento provisional indican que la auditora contemplaba tres valoraciones para el Banco Popular: una pesimista que atribuía un agujero de 8.200 millones de euros al balance de la entidad, otro neutro con una tasación de 2.000 millones negativos y un tercero favorable en el que el banco valdría 1.500 millones de euros.

El problema surgió cuando la JUR y el Banco Central Europeo (BCE) hicieron públicas las conclusiones del citado informe ocultando la valoración favorable y sólo haciendo referencia a las otras dos. Lo mismo hizo el FROB en su Resolución de la Comisión Gestora que supuso la intervención efectiva del Popular.  En aquel momento todos ocultaron también el nombre de la firma que había hecho los cálculos (Deloitte) y posteriormente se escudaron en el reglamento del Mecanismo Único de Resolución (MUR) para no hacer público el informe.

Ahora, los afectados se encuentran a la espera de la decisión del juez Andreu y piden celeridad en el proceso de admisión.