Admitida a trámite una demanda redactada por el ex juez Elpidio Silva contra los VTC

La denuncia ha sido admitida a trámite en el juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid. Se dirige contra cinco compañías de VTC: Cabify y Uber, que actúan como plataformas de intermediación, y Ares Capital, Cibeles Comfort Car y Gesstaxi Gestión, que son tenedoras de licencias.

Los demandantes son taxistas profesionales coordinados por la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT) y están representados por el abogado Elpidio Silva. Acusan a estas compañías de competencia desleal y piden el cese de esta conducta y una compensación económica por daños y perjuicios.

En la demanda, los taxistas arguyen que estas empresas hacen «un uso fraudulento» de la licencia de transporte discrecional de viajeros concedida por la Administración del Estado, ya que operan «casi exclusivamente» en áreas urbanas, prestando servicios que empiezan y terminan en la misma ciudad, y no a nivel interurbano o supra-autonómico.

«Este comportamiento supone una conducta desleal de los demandados, integrando una intromisión ilegítima en un mercado completamente regulado como el del taxi, generando daños y perjuicios permanentes que, si persisten, supondrán la total desaparición del sector del taxi», advierte el texto de la demanda.

Los taxistas señalan así que el objetivo de la licencia estatal de explotación de VTC es que el transporte se haga entre diferentes comunidades autónomas.

El abogado y exjuez Elpidio Silva recuerda también que la actividad «uvetecista» se encuentra sometida a restricciones cuantitativas, pese a que en comunidades como Cataluña, asegura, ya se ha «pulverizado» la ratio de 1 VTC por cada 30 taxis.

Por todo ello, los taxistas piden a las empresas VTC que «cesen en su conducta ilícita», al considerar que su actividad «se practica de forma desleal y fraudulenta» en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao, Valencia, Castellón, Burgos, Toledo, Barakaldo, Alicante, Ibiza o Santander. Además, reclaman que se bloquee o inutilice cualquier tipo de aplicación informática que permita canalizar la prestación del servicio y que se anulen las licencias estatales para explotar VTC ya concedidas a los demandados.

Por último piden, que se condene a pagar a las empresas VTC la suma de 13.699 euros a cada demandante por cada licencia que ostenten por concepto del perjuicio causado, más 6.513 euros anuales por cada demandante, por cada licencia que tengan, a computar desde 2019.

Y como medida cautelar, la Plataforma Integral del Taxi solicita el cese provisional del transporte de viajeros que prestan estas cinco compañías en España mediante la explotación de licencias estatales de VTC.