Los abusos de Hacienda: de Lola Flores a Shakira pasando por Xabi Alonso y CVC
Este semana, Shakira ha aceptado pagar 7 millones a Hacienda para evitar la cárcel por un supuesto delito fiscal. Como siempre en España, la población se ha dividido en dos: por un lado, los que creen que ha hecho lo correcto para proteger a sus hijos, como en su día Messi o Cristiano Ronaldo, con el añadido del salseo de su abogado diciendo que le habría salido más barato si se hubiera enamorado de Sergio Ramos en vez de Piqué; y por otro, los que la acusan de defraudadora y critican que vaya de madre coraje con ese ejemplo que les da a sus hijos.
Dejando aparte los temas del corazón, que no son nuestro objeto, el de Shakira es el último ejemplo del acoso de Hacienda a los contribuyentes, especialmente cuando son ricos y famosos. Un acoso que viene de antiguo y se ha mantenido con todos los Gobiernos. Recuerden el famoso caso de Lola Flores en los años 80, con su famosa petición de «una peseta» a todos los españoles para poder pagar sus deudas con el fisco.
El modus operandi de Hacienda es el siguiente: cuando detecta un posible fraude de un famoso, en vez de buscar una regularización administrativa discreta, presenta una querella para que sea investigado por la vía penal, con el fin de que sufra la pena de banquillo y, sobre todo, la de telediario. Se busca el escarnio público para que sirva de ejemplo. Además, siempre amenaza con la cárcel si el contribuyente no se aviene a un acuerdo amistoso, lo que suele ser un argumento bastante convincente.
Xabi Alonso, el héroe
Aunque no en todos los casos. El Astérix de esta historia, el único que ha resistido la voracidad de los romanos de Hacienda, es Xabi Alonso. El actual entrenador del Bayer Leverkusen se negó a aceptar el cambalache y recurrió hasta el Tribunal Supremo, que finalmente le absolvió de tres delitos fiscales por los que la Fiscalía pedía dos años y medio de prisión.
Este caso sienta un precedente para que otros famosos en el futuro ignoren las amenazas de la Agencia Tributaria y se defiendan hasta el final. La sentencia explica, además, que «cuando la liquidación presentada por el sujeto pasivo del impuesto hace aflorar en su integridad las ganancias obtenidas en cualquier actividad económica y ofrece a la Hacienda Pública una vía de tributación que los servicios de inspección consideran incorrecta, ese desencuentro interpretativo referido no al ‘qué’, sino al ‘cuánto’, no puede convertirse en el origen de un proceso penal».
Este párrafo es todo un torpedo en la línea de flotación de la actuación habitual del fisco: el mismísimo Supremo afeando que se lleven estos casos siempre por vía penal cuando se pueden arreglar por la administrativa. Este comportamiento ha sido criticado también por los propios inspectores de Hacienda, que en su congreso de 2018 en Granada ya aseguraban que «la Administración Tributaria española no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino como súbditos».
Críticas de los inspectores
A su juicio, se ha quebrado el plano de igualdad en que deben situarse la administración y el contribuyente, algo que se manifiesta en estos procesos penales e incluso en las propias leyes, donde la imposición de obligaciones al ciudadano ha traspasado todos los límites y donde «se está produciendo un preocupante deterioro del principio de seguridad jurídica».
Los inspectores criticaban especialmente que se lleven a cabo inspecciones «con liquidación incluida» de manera paralela a una investigación penal, y que dichas liquidaciones no puedan recurrirse, lo que para ellos supone una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución. En esos casos, el único que decide sobre las liquidaciones es el juez penal.
Esta circunstancia es la que afecta ahora mismo a otro contribuyente menos famoso pero también de campanillas: CVC, el mayor fondo de capital riesgo en España, accionista de Naturgy o Tendam y el que se va a forrar con la hipoteca de los clubes de fútbol que han sido tan incautos como para aceptar el abrazo del oso de la Liga de Tebas.
El caso CVC
CVC ha llevado a Hacienda a la Audiencia Nacional por la vía contencioso-administrativa por impedirle recurrir una serie de liquidaciones ni por la vía administrativa ni por la judicial, lo que considera que vulnera sus derechos fundamentales, en línea con la opinión de los inspectores. La Fiscalía, en cambio, se ha alineado con la Agencia Tributaria.
En juego está un supuesto fraude de 355 millones originado en la venta del grupo de clínicas Quirón en 2017 al inversor alemán Fresenius. En esa operación, valorada en 2.877 millones, CVC pretendía no pagar ni un euro en España porque utilizó sociedades domiciliadas en Países Bajos. Y existe un convenio para evitar la doble imposición entre ese país y España.
Más allá de quién tenga razón y de si estas maniobras son legales o no (estos fondos están asesorados por lo mejores despachos fiscalistas, así que no son unos piratas que se saltan la ley allí por donde pasan), lo que es evidente es que Hacienda utiliza de forma habitual el acoso y el chantaje -normalmente con la amenaza de entrar en prisión- contra los grandes contribuyentes.
Y dada la voracidad recaudatoria del Gobierno actual, que no quiere ni oír hablar de recortes del gasto para reducir el déficit, nada hace pensar que el departamento de María Jesús Montero vaya a cambiar de actitud. Salvo que el Supremo confirme la doctrina del caso de Xabi Alonso. Es la única esperanza.
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