El 42% de las pymes asegura que los retrasos en los pagos están detrás de los despidos en su plantilla

La situación provocada por la pandemia ha hecho que empresas y autónomos vean cómo el deterioro de la situación financiera ha mermado la capacidad de sus clientes para cumplir con las obligaciones de pago, repercutiendo no solo en la liquidez de las organizaciones, sino también en sus empleados. Tanto es así que el 42% de las pymes españolas aseguran que los retrasos en los pagos están detrás de los despidos en su plantilla, según el nuevo Informe Europeo de Pagos de Intrum, que analiza la salud financiera de las empresas de 29 países europeos.

El descenso de la oferta por la pandemia de la Covid-19 y el hundimiento de la demanda están dando lugar a retrasos en los pagos que, junto a la caída de ingresos, derivan en el despido de trabajadores y el cierre de las empresas. Prueba de ello es que, entre marzo y agosto de este año, se han destruido 74.300 empresas en España, según los Códigos de Cuenta de Cotización de la Seguridad Social.

«Es necesario que las cuestiones relacionadas con unas condiciones de pago razonables tengan más peso en la gestión corporativa y pasen a ser una parte importante de la responsabilidad como empresas. De ese modo, las organizaciones serán más conscientes de sus flujos de caja y podrán reaccionar ante la caída de la demanda, frenando el cierre de negocios», apunta Alejandro Zurbano, director general de Intrum en España.

Morosidad 

Esta situación, que propicia que la tasa de paro española, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), roce el 16%, sitúa a España entre los 3 países europeos en los que los impagos a pymes están repercutiendo más negativamente en el empleo, al mismo nivel que Irlanda (42%). Por encima de ambas se encuentra Lituania, encabezando el ranking, pues un 44% de las encuestadas señala el retraso en los pagos como factor clave en los despidos de los empleados.

En el extremo opuesto de la tabla se sitúan las pequeñas y medianas empresas de Países Bajos y República Checa, donde apenas un 4% considera que los impagos implican un aumento de despidos en su negocio, seguidas de belgas (9%) y portuguesas (19%).

Y es que, a pesar de que la Directiva Europea de lucha contra la morosidad recomienda que los plazos de pago para las empresas no excedan los 60 días, la realidad es muy distinta. El tiempo que transcurre entre el plazo de pago acordado y su duración real es cada vez mayor, llegando a superar, de media, los 20 días en el caso español. Así, mientras que las compañías ofrecen a sus clientes y proveedores un plazo medio de pago de 44 días, estos no abonan las facturas hasta 65 días después, 5 más que el promedio europeo.

Esta ‘brecha de pago’ cada vez mayor entre las condiciones del pago y la duración del mismo es considerada un riesgo real para el crecimiento de la mitad de los negocios españoles (48%). Y las previsiones no son nada halagüeñas. Según las estimaciones del Banco de España, el volumen de impagos en el tejido empresarial podría aumentar una vez venza el plazo de carencia de los avales que sustentan a muchas pymes actualmente. A la falta de estas ayudas, que finalizan el 30 de septiembre, se suma el impacto directo que tienen los impagos en la liquidez de 6 de cada 10 encuestadas. Un hecho que no solo puede derivar en la destrucción de más puestos de trabajo, sino en el cierre de muchos negocios.