35.000 funcionarios se manifiestan en defensa de Muface: «Para Cataluña y chiringuitos sí hay dinero»

Unos 35.000 funcionarios convocados por el sindicato mayoritario en la función pública, CSIF, exigen esta mañana en una manifestación en Madrid que el Gobierno dote de una financiación «suficiente» al sistema de Muface para evitar el fin de la atención privada y su paso a la sanidad pública.

Según varios representantes de los funcionarios, lo que falta es voluntad política del Gobierno «porque dinero hay de sobra para lo que quiere, como el cupo para Cataluña y chiringuitos como el consejo de RTVE».

Fuentes de los convocantes han avanzado la cifra de 35.000 manifestantes, en una concentración que se desarrolla sin incidentes. La cifra de asistentes ha sido validada por fuentes de la Policía y la Guardia Civil.

La manifestación tiene lugar a las puertas de la dirección general de Muface en la ciudad universitaria de Madrid, en la que el sindicato convocante ha contado con el respaldo del sindicato de Policía Jupol y del de la Guardia Civil, Jucil.

El presidente nacional de CISF, Miguel Torra, ha dicho en declaraciones a los medios al inicio de la concentración que el Gobierno «está jugando con la salud de 1,5 millones de personas».

Por ello, ha pedido al Gobierno que haga una licitación «suficiente» y a las aseguradoras que sigan prestando la asistencia mientras esté en vigor el contrato. Como adelantó OKDIARIO, la intención del Gobierno es obligar a Adeslas, DKV y Asisa a seguir prestando el servicio durante nueve meses más gracias a una disposición de la Ley de Contratos del Estado.

Ha denunciado que Muface está denegando «centenares» de pruebas médicas y demorando consultas, y ha rechazado la «presión» sobre los funcionarios del Gobierno y las aseguradoras.

Si el Gobierno no toma nota de la protesta «no descartamos ninguna medida, incluyendo una huelga en las administraciones publicas», ha explicado Borra.

El portavoz de Jupol, Ibon Dominguez, ha secundado antes los medios las declaraciones de Miguel Borra y ha señalado que en el caso de la Policía se registran 10.000 bajas anuales por agresiones, que «se podrían eterirnizar» en el sistema nacional de salud.