El 34% de los contratos de alquiler firmados en 2021 incluye seguro de impago

El 34% de los nuevos contratos de alquiler firmados en 2021 incluyeron seguros de impago, cuatro puntos más que el año anterior. Esta tendencia se inició a raíz de la pandemia, pero se espera que se mantenga en el futuro, según los datos del Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA).

La necesidad asumida de los propietarios de proteger sus rentas de alquiler, la incertidumbre por la lentitud de la recuperación económica tras la crisis sanitaria y la llegada de ómicron «siguen impulsando la incorporación de estos seguros en los contratos de arrendamiento, tanto nuevos, como en las renovaciones», explican desde OESA.

Asimismo, la baja siniestralidad del alquiler asegurado con respecto al que no incluye póliza es otra de las razones que ha impulsado este mercado en 2021. En este sentido la siniestralidad del alquiler con seguro de impago ha sido del 5%, lo que representa una bajada con respecto al 7,2% del año pasado. El descenso constante se debe al esfuerzo que realizan las aseguradoras por mejorar sus scoring o filtros de idoneidad del perfil del posible inquilino, según el estudio.

En concreto, la siniestralidad del alquiler sin seguro se ha mantenido en el 14% en 2021. Un alto porcentaje que incluye también a los denominados “falsos seguros” o productos que “vendiéndose” como pólizas de impago garantizan el cobro de la renta pero no están sujetas a las exigencias de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

OESA estima que esta tendencia se mantendrá a lo largo de 2022, sobre todo en los primeros meses del año, motivados por el temor al aumento de siniestralidad como consecuencia de la variante ómicron y por el fin de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las ayudas a los autónomos a finales de febrero.

Bono joven al alquiler

La última medida adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez ya está levantando polémica. Según el Ejecutivo, el bono joven al alquiler, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, está orientado a facilitar el acceso a la vivienda y la emancipación de los jóvenes españoles con una ayuda de 250 euros mensuales.

Sin embargo, el Consejo de la Juventud de España (CJE) considera que «este tipo de medias no son positivas para la resolución de un problema estructural» y critica que se utilice la situación precaria de este grupo de la población «para hacer propaganda política».

En concreto, el Gobierno destinará al bono joven al alquiler una partida presupuestaria de 200 millones de euros. Por un lado, el Ejecutivo calcula que esta ayuda beneficiará a unos 70.000 jóvenes, pero el CJE estima que en España hay 50.000 personas jóvenes emancipadas y que cumplen con los requisitos establecidos para optar al bono, entre los que destaca tener unos ingresos menores de 24.318 euros al año.

Esta medida, anunciada a bombo y platillo, es «insuficiente» y «no da respuesta a su objetivo principal», explican desde el CJE. En este sentido, sólo el 1,7% de personas jóvenes podrán beneficiarse de estas ayudas (50.000 de 2.837.385 personas de 16 a 34 años emancipadas).