Caso Acuamed

Ribera admite al juez que no ha empezado a peritar las obras del caso Acuamed que le ordenó en marzo

Teresa Ribera
Teresa Ribera, ministra de Transición Energética. (Foto: PSOE)

El ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha admitido al juez que investiga el 'caso Acuamed', Manuel García Castellón, que no ha empezado a peritar las obras incluidas en el caso Acuamed pese a que el magistrado ordenó ese peritaje en marzo, hace casi un año.

A través de un correo electrónico incorporado a la causa, el Director General del Agua, Manuel Menéndez, admite que la “reestructuración de los departamentos ministeriales” tras el cambio de Gobierno de junio de 2018 y la falta de Presupuesto han impedido iniciar los trabajos de peritaje de las obras bajo sospecha del caso Acuamed.

El magistrado se interesaba por el estado del peritaje que había ordenado en marzo pasado de la decena de obras que están bajo sospecha. El objetivo del juez es determinar el coste final de esos proyectos y poder evaluar si se inflaron los precios pagados a las constructoras a cambio de sobornos, como defiende la acusación y niegan los implicados.

La respuesta del equipo de Ribera significa que, cuatro años después de iniciada la investigación, nadie sabe todavía el coste exacto de las obras, dato clave para saber si los directivos de Acuamed procesados cometieron malversación de caudales públicos.

Tras el auto del juez de marzo, el ministerio de Agricultura encargó al Colegio de Ingenieros que realizara el peritaje mediante la firma de un convenio que se publicó en el BOE el 24 de julio. Mediante el convenio, que duraba tres meses, los peritos del Colegio de Ingenieros tenían que determinar el coste de las obras junto a los peritos de las defensas y el apoyo técnico de la empresa pública Tragsa.

Pero lo cierto es que, como publicó este diario en octubre, los peritos no avanzaban en su trabajo y el peritaje estaba parado, burlando la orden del juez.

El Gobierno se justifica ahora ante el magistrado por esta dejadez en el caso argumentando que la reestructuración de las competencias de los ministerios tras el cambio de Gobierno “provocó un retraso en los trabajos previstos en el Convenio” firmado con el Colegio de Ingenieros. Tanto retraso que los tres meses de vigencia del mismo expiraron el 24 de octubre sin haber hecho nada salvo recopilar información de las obras.

Por supuesto, admite Menéndez, el plazo expiró sin poder cerrar el contrato con Tragsa para el peritaje in situ de las obras, que no ha podido firmarse todavía por la falta de Presupuesto, asegura. El director general del Agua pronostica que se podría disponer de los fondos para cerrar un nuevo Convenio con el Colegio de Ingenieros y con Tragsa “previsiblemente en febrero de 2019“. Hay que recordar que el primer convenio con los peritos del Colegio de Ingenieros, que no ha servido de nada, supuso un coste de 183.000 euros públicos.

Cuatro años de investigación

La determinación por peritos independientes del coste exacto de las obras es clave para el caso, como ha admitido el juez en sus autos. Sin saber el precio exacto, no se puede juzgar si el coste estaba inflado. Pese a ello, el fiscal del caso tardó tres años en pedir ese peritaje y lo hizo después de que el IGAE determinara que no podía hacer ese trabajo.

De esta forma se acumulan ya cuatro años desde que la Fiscalía interpuso la querella origen de este caso. El juez ha ampliado la instrucción hasta junio de 2020 mientras poco a poco van surgiendo dudas sobre la acusación. El peritaje es solo uno de ellos. Como publicó este diario este domingo, un laudo arbitral a determinado que FCC cumplió su contrato con Acuamed y finalizó la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, una de las obras bajo sospecha de corrupción.

Ese laudo tumba los argumentos de la acusación, que denuncian un pacto entre FCC y Acuamed para declarar por terminadas las obras sin estarlo para que la constructora pudiera cobrar 36,9 millones de euros en sobre costes.

Financiación PSOE

Además, el caso está destapando una posible financiación irregular del PSOE de Valencia, al abonarse desde Acuamed contratos a empresas ligadas a los socialistas valencianos para las campañas electorales de 2007 y 2008. En concreto, se trata de pagos por servicios publicitarios desde Acuamed a la compañía Crespo Gomar durante la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con Cristina Narbona en el ministerio de Medio Ambiente.

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