La juez ordena a la Guardia Civil que investigue los pagos del Barça a Negreira

El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha admitido la denuncia de la Fiscalía contra el Barça y José María Enríquez Negreira por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y ha ordenado a la Guardia Civil que aclare los motivos de los pagos. Asimismo, la juez ha pedido que identifique a nuevos directivos que hasta ahora no estaban en el foco de la investigación, el director financiero y el tesorero entre ellos. Una vez recibida dicha documentación, acordará la declaración de los investigados y testificales solicitadas.

Según el Ministerio Fiscal, estos pagos realizados por el club catalán entre 2001 y 2018, que ascienden a 7,3 millones de euros, podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

La denuncia de la Fiscalía también se dirige contra el propio Negreira, contra los ex presidentes del Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y los ex directivos del club Óscar Grau y Albert Soler. La Fiscalía denuncia los presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.

En su denuncia, el Ministerio Público sostiene que «a través de Rosell y Bartomeu, el Barça alcanzó un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Enríquez Negreira, a fin de que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros, en los partidos que disputase el club». También le da una función de peso al que fuera vicepresidente del Comité de Árbitros dentro del propio órgano:  «La designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del Comité Técnico de Árbitros (CTA), organismo encargado, además, de las evaluaciones -en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales».

El delito del que la Fiscalía acusa al club de fútbol presidido por Joan Laporta está vigente en el código penal desde 2010. El Ministerio Público abrió una causa al recibir el aviso de la Agencia Tributaria en relación con 1,4 millones abonados por el club azulgrana pagó a la empresa del ex árbitro de Primera División. Tras conocerse estas indagaciones, el Barça aseguró en un comunicado que «contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico externo, quien suministraba, en formato vídeo, informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaría técnica» del club.